SECTOR NÁUTICO

VERTIDOS

Científicos advirtieron al Govern del excesivo enfoque al fondeo en su decreto de posidonia

Una entidad ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas señaló que el alcance del decreto debería ser "más amplio" y se refirió expresamente a los vertidos de aguas residuales. El texto final sólo contempla apercibimientos para los responsables de las depuradoras.
JOSÉ LUIS MIRÓ

El Servicio de Observación Costeras de las Islas Baleares (SOCIB), entidad ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advirtió en un informe remitido a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de que el régimen sancionador del decreto de protección de la posidonia estaba «muy enfocado al fondeo» y, sin embargo, pasaba por alto otras amenazas para esta planta marina tales como «los vertidos de emisarios relacionados con las puntas de caudal, los pozos negros particulares o de establecimientos turísticos que dan al mar».


El dictamen del SOCIB consta de siete folios y fue trasladado a la administración responsable del medio ambiente en Baleares en junio de 2017, después de que ésta presentara su primer borrador de decreto. El documento propone hasta 28 cambios «específicos» en el texto propuesto en primera instancia por la Conselleria de Medio Ambiente. El punto número 20 de este listado de comentarios se refiere expresamente al enfoque excesivo de las sanciones a los fondeos con ancla, «cuando el alcance del decreto es más amplio». 



El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó el decreto definitivo en julio de 2018, un año y un mes después de recibir informe  del SOIB. En su artículo 13 señala que podrán ser sancionados quienes alteren el hábitat de la posidonia por «anclaje, arranque manual de fajos de posidonia en actividades de buceo, la alteración de la pradera para la instalación de sistemas de acuicultura u otras obras y el vertido de productos químicos, sustancias biológicas, aguas residuales insuficientemente depuradas y salmueras procedentes de desalinizadoras, siempre que alteren las condiciones de la especie provocando su deterioro o destrucción».



A simple vista podría parecer que se había seguido la recomendación de la institución científica. Sin embargo, el decreto señala más adelante (en la disposición adicional cuarta) que cuando se pueda inferir que un vertido está perjudicando a la posidonia, su responsable será requerido por la Dirección General de Espacios Naturales para y Biodiversidad para que efectúe «las mejoras necesarias en el tratamiento del efluente  a fin de minimizar su impacto». Es decir, que los titulares de los emisarios submarinos (entre ellos las empresas públicas Emaya y Abaqua, dependientes del Ayuntamiento de Palma y de la Conselleria de Medi Ambient) tan sólo serán advertidos e instados a corregir sus malas prácticas, pero no multados.



 Gaceta Náutica demostró que, al menos en el caso de la tubería de residuales de Ciudad Jardín, los vertidos municipales habían provocado la aparición de cianobacterias y que éstas afectaban a los restos dispersos de una pradera de posidonia que en su día llegó a tener varios cientos de hectáreas de extensión y que prácticamente ha desaparecido.



Diversas asociaciones del sector náutico han llevado el decreto de protección de la posidonia ante los tribunales por entender, entre otras cosas, que la normativa vulnera el principio de igualdad al prever multas sin excepción para los navegantes que provoquen daños a la planta marina y únicamente requerimientos para las administraciones que contaminan el mar.



Rafael Palmer, gerente y asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos, afirma que esta circunstancia es contraria a la Carta Magna y recuerda que el Tribunal Constitucional ha advertido de que la desigualdad ante la Ley se produce «cuando una norma distingue de forma arbitraria un mismo hecho», contemplando medias sancionadoras para unos infractores y meras advertencias para otros.