El caso de las mascarillas ha salpicado de pleno a la cúpula actual de Puertos del Estado tras descubrirse que su ya exsecretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, encubrió la trama, según reveló ayer el diario El Mundo. El alto cargo, considerado como un ‘pez gordo’ del PSOE en el organismo que aglutina la gestión de los grandes puertos españoles, ha sido destituido esta mañana por el actual ministro de Transportes, Oscar Puente.

La documentación obrante en el sumario demuestra que Álvaro Sánchez ocultó a la Oficina Nacional de Inspección contra el Fraude de la Agencia Tributaria que el investigado Víctor de Aldama, comisionista amigo de Koldo García (mano derecha del ex ministro Ábalos), era el conseguidor de los contratos públicos de las mascarillas.

Puertos del Estado adjudicó más de 20 millones de euros a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por la vía de urgencia con el pretexto de la pandemia. A este contrato le siguieron otros en diversas administraciones, entre ellas el Gobierno de Baleares, presidido entonces por Francina Armengol, quien hoy ha negado cualquier relación con la trama corrupta en una comparecencia pública que ha dejado tras de sí un reguero de preguntas sin responder.

CONTRATO DE BALEARES

El Ejecutivo balear gastó 3,7 millones de euros en un cargamento de mascarillas que se supieron defectuosas desde el primer momento y tardó tres años en reclamar. La actual presidenta del Congreso no ha dicho quién facilitó el contacto de Soluciones de Gestión ni por qué se demoró durante tanto tiempo la demanda.

La resolución del Servei de Salut en la que se acuerda la adjudicación señala escuetamente que “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha contactado al Servei de per (sic) para avisar de que habían fletado un avión lleno de mascarillas FFP2”. Este documento, redactado de forma evidentemente precipitada, no da más información sobre quién realizó el contacto ni por qué vía. Curiosamente, para este pedido -no así en los otros que constan en la misma resolución- se decide contratar la intermediación de una concreta agencia aduanera con sede en Palma, al parecer a instancias del proveedor.

En el caso de la Comunidad de Aragón, que acabó rechazando el material por el elevado precio de las mascarillas, fue el investigado Koldo García quien habló en persona con la consejera de presidencia, Mayte Pérez, para ofrecerle un “cargamento” de mascarillas. Un modus operandi parecido al de Baleares, donde nadie, a pesar de la insistencia, ha salido a dar la cara para aclarar la identidad del ofertante.

SÁNCHEZ, UN PESO PESADO

La destitución de Álvaro Sánchez Manzanares es la segunda en importancia tras la expulsión del ex ministro José Ábalos del PSOE. Se trata de un cargo de alto nivel que llevaba vinculado a Puertos del Estado desde 2009, en que fue nombrado director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica y empezó a actuar como consejero en las autoridades portuarias de Coruña, Bilbao y Motril. En el año 2012 pasó a ocupar una jefatura de área en la Asesoría Jurídica en Puertos del Estado, cargo que ha ocupado hasta la actualidad. En este marco, fue nombrado en 2017 coordinador del sistema portuario en la materia de Protección de Datos.

Fuentes portuarias lo señalan como una persona “más que cercana al PSOE”. Durante la crisis derivada del caso Puertos (un sumario en el que se investigan amaños de adjudicaciones portuarias en Baleares), Álvaro Sánchez mantuvo una postura equidistante: por un lado reconoció por escrito la labor del investigado Juan Gual al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares, pero por otro consideró que debía ser destituido mientras se veía la “evolución política” de los acontecimientos.