La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) someterá este próximo jueves a la consideración de  su Consejo de Administración la adjudicación del concurso de las instalaciones del Club Náutico de Ibiza (1925), después de que la Abogacía del Estado haya presentado un dictamen que avala la participación de la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PLS) a pesar de que su administrador de hecho, Alberto Pedraza, fue condenado el pasado mes de diciembre a 11 meses de prisión por un delito de estafa procesal en grado de tentativa y otro de falsedad documental.

Según ha podido saber Gaceta Náutica, el asesor jurídico de Puertos entiende que no hay motivos para excluir a la sociedad de Pedraza del proceso de licitación, dado que el fallo de la resolución judicial de la Audiencia Nacional (fruto de un pacto de entre la defensa y la Fiscalía) no incluye la inhabilitación expresa del empresario condenado.

Una nota jurídica del profesor de Derecho Penal Manuel Ollé, aportada por el Club Náutico de Ibiza, sostiene, por el contrario, que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe otorgar concesiones a personas que hayan sido condenadas por “fraude”, en virtud de una directiva de la UE, y considera que la estafa procesal está incluida en dicha categoría delictiva.

El Club Náutico de Ibiza y Puertos y Litorales Sostenibles son los dos únicos aspirantes para la gestión de una autorización de ocupación temporal de dos años (prorrogable a tres) sobre las instalaciones portuarias que la histórica entidad pitiusa viene ocupando desde hace 99 años.

En caso de que el Consejo de Administración de la APB decida otorgar la concesión a la empresa de Pedraza, el Náutico de Ibiza será el tercer club que pierde su puerto tras los casos del Club Marítimo de Mahón (1900) y del Club Marítimo Molinar de Levante (1917). Este último ha pasado recientemente a manos de la empresa mercantil Desarrollos y Concesionales Insulares (DECOIN).

El Real Club Náutico de Palma, por su parte, se encuentra a la espera de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que ha de establecer si su título concesional es prorrogable y permite dar curso a una solicitud de ampliación de plazo iniciada hace nueve años. Todos estos clubes se encuentran bajo el paraguas competencial de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes.