Juan Gual, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ha sido imputado de nuevo en el caso Puertos por otorgar de manera supuestamente fraudulenta una concesión a una empresa participada por quien fuera su vicepresidente, el consignatario Miguel Puigserver. La juez Martina Mora sostiene en un auto fechado el pasado miércoles que Gual hizo uso de la prerrogativa presidencial que le permitía conceder directamente autorizaciones de ocupación temporal para beneficiar a su directivo y “amigo personal” en plena pandemia y a sabiendas de que la empresa favorecida, SGM Retail, S.L, dedicada a la explotación del duty free de la Estación Marítima, carecía de actividad en aquel momento.

La resolución judicial, cuyo objeto principal es levantar parcialmente el secreto del sumario de la pieza del caso Puertos relativa a la investigación por este supuesto amaño, señala también la existencia de indicios sobre la actividades irregulares y probablemente delictivas de SGM Retail anteriores a la obtención de la concesión otorgada presuntamente a dedo por Juan Gual.

La citada sociedad, según explica el auto, carecía de autorización para la realización de numerosas operaciones de venta exentas de IVA que habrían quedado acreditadas en el curso de la investigación realizada por la Guardia Civil a instancias de la juez Mora. Un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cifra en aproximadamente 480.000 euros la cantidad defraudada por SGM Retail en el ejercicio de 2015, si bien el cálculo se ha obtenido “mediante operaciones aritméticas”, dado que no se ha encontrado “documentación contable de la sociedad ni las fichas obligatorias para la venta exenta de IVA”.

Los investigadores han constatado, en síntesis, que el duty free explotado por SGM Retail en el puerto de Palma estuvo operando de manera continuada sin el preceptivo control aduanero y que para ello llevaba una “contabilidad en B”, conclusión a la que llega la juez de instrucción “tanto por el contenido de las llamadas intervenidas como a la vista del análisis de cuentas realizado en los informes de la AEAT”.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública por fraude de IVA, castigado con penas de hasta 5 años de prisión, “sin perjuicio de otros ilícitos instrumentales que se puedan acreditar cuando se acceda a la contabilidad real”.

CONEXIÓN MALTESA

Miguel Puigserver participa en SGM Retail a través de la empresa Mediterránea 2000 de Limpiezas y Servicios, S.L., propietaria de la mitad de la sociedad. El otro 50% corresponde a una compañía maltesa llamada Salvo Grima Group Limited, que se presenta en su página web como especialista en la distribución de  alimentos, productos del cuidado del hogar, higiene personal, artículos de papelería y tabaco.

Otro aspecto de la investigación recalcado en el auto de la juez Martina Mora es que SGM Retail, de acuerdo con el dictamen de la AEAT incorporado al sumario, declaró ingresos por avituallamientos de buques cuando indiciariamente se corresponderían con ventas en el duty free de la Estación Marítima.

“En cualquier caso -añade el auto judicial-, tanto si son ventas en tienda como si son avituallamientos reales, resulta muy llamativo que no se repercuta el IVA, ya que a partir del ejercicio 2015 no hicieron escala en el puerto de Palma cruceros de itinerario no comunitario (únicos exentos de IVA)”.

En cuanto a la concesión de la autorización de ocupación temporal, la investigación estima que obedecía a la necesidad de SGM Retail de conservar el Código de Actividad y Establecimiento (CAE) del duty free que permitía a dicha empresa “adquirir bienes que en su mayoría no se vendían en la tienda” del puerto. Con este fin, Miguel Puigserver se habría prevalido de su doble condición de vicepresidente de la APB y amigo personal de Juan Gual de Torrella “a fin de que éste dictara una resolución en beneficio económico directo y exclusivo de la entidad SGM Retail S.L.”, siempre según la tesis de la juez instructora.

La autorización temporal se acordó en el Consejo de Administración de la APB del mes de mayo de 2020. Apenas dos meses después Juan Gual fue detenido junto a Puigserver y otros técnicos de la APB bajo la imputación de amañar varios concursos.

El caso Puertos se encuentra actualmente en fase de instrucción. Esta información se basa en el contenido del auto de levantamiento parcial del secreto de sumario de una de las piezas que lo componen. Todas las personas y entidades referidas conservan, por tanto, su plena presunción de inocencia.