Nuevo varapalo al proceso de selección de profesores de la Escuela Nauticopesquera de Palma. Un segundo dictamen, en esta ocasión obra del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (COMME), certifica que la formación en Baleares dejará de ser “hábil” si la Conselleria de Educación persiste en su postura de no exigir el título profesional de la Marina Mercante a los responsables de impartir las materias de Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones, Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura y Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones.

“Nos preocupa que las plazas citadas, por sus especiales requisitos (…), se cubran por personas no homologadas”, señala Santiago Ciriza de los Ríos, asesor jurídico del COMME, quien apercibe a los responsables de la enseñanza náutica en las Islas de que, si no se cumple la normativa internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI) “no podrán ser reconocidas las competencias profesionales” y los alumnos se verán privados de desarrollar su profesión “a bordo de buques y embarcaciones de la flota mundial”.

El informe del COMME, dirigido al CIFP Nauticopesquera de Palma, recuerda que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha advertido, a través de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), de “la posibilidad de no reconocer los certificados y títulos que no cumplan con los requerimientos del Convenio STCW y el Real Decreto 269/2022”, las normas que establecen los requisitos de los profesores de náutica profesional.

Según ya informó en su día Gaceta Náutica, la Conselleria de Educación del Govern balear, dirigida por Martí March, no tuvo en cuenta estas exigencias legales a la hora de convocar el concurso de méritos para la estabilización de las plazas docentes en Baleares. Esto ha provocado que seis de los siete profesores seleccionados en la Nauticopesquera carezcan del preceptivo título de la marina mercante y de la más elemental experiencia náutica. Una de las plazas ha recaído, por ejemplo, en una profesora de piano.

La Conselleria de Educación supo desde el primer día que el concurso de méritos para la enseñanza náutica estaba viciado. La presidenta del tribunal fue advertida el pasado 5 de junio de la obligatoriedad legal de que los profesores de las materias náuticas profesionales fuesen marinos titulados. La funcionaria máxima responsable del reparto de plazas, que además ejerce el cargo de jefa del Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Formación Profesional del Govern balear, recibió ese día en su cuenta de correo electrónico un mensaje en el que uno de los profesores interinos de la Escuela Nauticopesquera de Palma le exponía de manera pormenorizada los requerimientos  de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) para que los títulos sean homologables.

El 15 de junio, trascendió que seis de las siete plazas de la Nauticopesquera habían sido otorgadas a especialistas en otras materias y sin ninguna experiencia, haciendo caso omiso a las advertencias por escrito de los docentes afectados y a un dictamen de la DGMM, al que se suma el del COMME al que hace referencia esta noticia.

El informe de Marina Mercante ignorado por el Govern balear no puede ser más claro: “Cualquier desviación o incumplimiento en relación a la idoneidad del profesorado con respecto del Convenio STCW y del marco regulatorio de la formación y títulos profesionales de la marina mercante supondrá el NO RECONOCIMIENTO de los estudios de formación profesional para la obtención de los títulos profesionales en los centros de que imparten formación profesional náutica en el ámbito territorial de Illes Balears”. 

Pero la advertencia ha caído en saco roto. La Conselleria se niega a enmendar su error y los profesores han optado por judicializar el asunto mediante una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía de Baleares. Su argumento es que, a pesar de los reiterados avisos y del conocimiento de la normativa internacional, los funcionarios responsables del concurso de méritos habrían tomado una decisión a sabiendas de que era ilegal e injusta.