PUERTOS

TRIBUNALES

El pacto del caso Mar Blau deja un fleco de 4 millones de euros

La APB no aclara si reclamará a Marina Formentera la indemnización que le pagó tras quedar demostrado que obtuvo su concesión gracias a información «secreta»

JOSÉ LUIS MIRÓ

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) no ha aclarado si reclamará la devolución de la indemnización de cuatro millones de euros que concedió a la empresa de uno de los acusados del caso Mar Blau tras quedar acreditado que dispuso de información privilegiada para adjudicarse un concurso que posteriormente fue anulado por causas administrativas.



Esta persona, Ángel Bustos, consejero delegado de Marina Formentera, resultó absuelta tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que aceptó la prescripción de su delito, si bien en el relato de hechos de la sentencia definitiva –y firme, dado que el pacto incluía el compromiso de no presentar recurso– se detalla que dispuso de información privilegiada para preparar su proyecto (ver imagen superior). Los hechos datan de 2002 y se empezaron a investigar fuera del plazo máximo que marca la ley, de ahí la absolución.



Bustos ganó en aquel tiempo el concurso de una de las dos marinas radicadas en el puerto de La Savina gracias a que funcionarios de la APB le dieron el chivatazo de que su empresa necesitaba ampliar su capital para cumplir con las bases del certamen.



La sentencia de Mar Blau afirma que  Bustos «fue poseedor de dicha información» cuando las bases del concurso ni siquiera se habían publicado. Él mismo admitió los hechos en una declaración efectuada ante un juzgado de primera instancia. No hay duda, pues, en función de esta verdad judicial fruto del pacto de Mar Blau, de que el consejero de Marina Formentera obtuvo ventaja en relación al resto de oferentes. 



En el apartado de hechos probados se concluye que el chivatazo fue obra de «personal  de la APB». Las únicas personas que conocían el contenido de las bases del concurso eran los ingenieros Fernando Berenguer, Carlos Sánchez y Ángel Matías. Los dos primeros siguen en activo (Berenguer, de hecho, ocupa un piso público gratis en el puerto de Palma), mientras que Matías, condenado a 9 meses de cárcel (computable por una multa de 4.050 euros) por el arreglo del concurso del Club Marítimo de Mahón, está ya jubilado.



Este fleco de Mar Blau no pasaría de ser un capítulo secundario de la corrupción en los puertos si no fuera porque Marina Formentera obtuvo de la APB una indemnización de cuatro millones de euros en 2015 por la pérdida temporal de una concesión que ahora ha quedado acreditado judicialmente que fue amañada.



La causa de la indemnización millonaria fue, según se ha sabido ahora, una prevaricación administrativa de Ángel Matías, la cual dio lugar  a la anulación judicial (por la vía contencioso administrativa) del concurso de Marina Formentera.



El organismo portuario devolvió los expedientes de los demás ofertantes (las empresas Formentera Mar y Sonesport) para «evitar o dificultar» que pudieran recurrir el fallo de la Comisión Técnica. La sentencia de Mar Blau considera probado que la asesoría jurídica de la APB, «siguiendo órdenes del entonces director Angel Matías (...), procedió a la devolución forzosa de las ofertas y documentación adjunta a los licitantes» y que,«como consecuencia de dicha devolución, los tribunales no pudieron revisar la ilicitud y arbitrariedad de la adjudicación».



NO SABE, NO CONTESTA



Fuentes jurídicas consultadas por Gaceta Náutica han mostrado su extrañeza por el hecho de que la Abogacía del Estado, personada en Mar Blau en representación de la APB, no tratara de incluir la devolución de los cuatro millones en el acuerdo de conformidad con los acusados.



Este periódico se puso en contacto directamente con la representante de la Abogacía del Estado en Mar Blau, quien alegó que no había «tratado este asunto» y no era su costumbre comentar los casos con periodistas. Tanto la oficina de prensa de la APB como su presidente, Juan Gual, respondieron que la decisión de reclamar los 4 millones pagados dependía de los servicios jurídicos del Estado. «Se reclamará si la Abogacía del Estado entiende que tenemos derecho a exigirlo», fue la respuesta exacta. Ante la escasa concreción de estas fuentes, Gaceta Náutica realizó una solicitud de información formal por correo electrónico dirigida al organismo Puertos del  Estado, que no ha contestado.