SECTOR NÁUTICO

CARTA DE LA DIRECTORA

Hartos de ser los malos de la película

Los aficionados a la náutica están cansados de prohibiciones y de que se les criminalice desde los poderes públicos
ELENA PIPÓ

El Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB) aprobado como medida electoralista al final de la legislatura quedará en papel mojado. Lo sabe todo el mundo. Se trata de uno de esos compendios de vacuidades a los que nos tienen acostumbrados los políticos cuando tratan de vendernos su mercancía averiada. Un ejemplo: ¿saben ustedes qué dice el documento sobre el sector náutico? Pues que «se creará una comisión mixta para elaborar un plan de medidas de desarrollo», lo cual es lo mismo que nada. Una de dos: o este Govern piensa que nuestro sector está todavía en vías de desarrollo (para lo cual hay que ser miope) o lo único que busca es marear la perdiz



La náutica es una realidad creada por la iniciativa privada contra la corriente de la administración. No necesita «comisiones mixtas» ni palabras baldías. Basta con que los poderes públicos (centrales y autonómicos) no se dediquen a bombardearla por sistema con medidas que dificulten su desarrollo natural. Y para que eso ocurra es condición sine qua non que despierte un mínimo interés y comprensión entre los gobernantes (no es el caso) y que éstos reconozcan a las asociaciones sectoriales como sus interlocutoras, algo que el Govern de la presidenta Armengol no ha hecho en estos últimos cuatro años, en los que apenas ha habido contactos más allá de lo estrictamente protocolario y ha aprobado dos medidas de gran calado: primero la regulación del fondeo a través del decreto de protección de la posidonia y luego la ampliación del Parque Nacional de Cabrera.  



El decreto de la posidonia de la Conselleria de Medi Ambient está recurrido en los tribunales por el conjunto de las asociaciones náuticas porque, según ya se ha dicho reiteradamente, se trata de una norma adoptada sin consenso y que ignora de manera escandalosa la amenaza que las propias administraciones públicas, con sus obsoletos sistemas de saneamiento de las aguas residuales que van a parar al mar, representan para el bien que se pretende proteger.



La falta de acuerdo, salvo con las entidades afines que han marcado la agenda del conseller Vicenç Vidal (principalmente GOB y Terra Ferida, cuya reacción sobre construcción del dique sumergido del Molinar llevamos más de un mes esperando), se ha vuelto a producir en el caso de la ampliación de los límites de Cabrera, para la que no se han tenido en cuenta las inquietudes de los pescadores de recreo ni se han presentado informes científicos que avalen la necesidad de una medida que supone de facto la prohibición de la pesca en casi todo el sureste de Mallorca.  



El nuevo embite del Govern a la náutica no lo compensa, como es lógico, una frase vacía perdida en el texto del falso REIB. El sector está más unido que nunca y ya ha anunciado la creación de una plataforma en defensa de los derechos de los usuarios del mar. Los pescadores se unirán a los navegantes y éstos a los clubes y las marinas para denunciar el ninguneo del que han sido objeto esta legislatura, hartos de que se les criminalice.