Es un asunto que, por desgracia, no ha estado en la agenda de las asociaciones y por el que, en consecuencia, las administraciones no se han sentido nunca competidas. Según como termine la negociación del Brexit, esta postura de mirar a otro lado va a tener que cambiar, puesto que la pertenencia de Inglaterra a la Unión Europea atemperaba el proceder poco transparente en materia laboral y fiscal de algunos ciudadanos de este país.
Este estatus ya no será posible con el Brexit, no por razones de nacionalismo o xenofobia, sino porque, si al final se produce la llamada «salida dura» que propugna la primera ministra británica, Theresa May, situaciones que hasta ahora se toleraban se volverán difíciles de soportar.
Nunca se ha tratado de que los extranjeros tengan impedimentos para ejercer su labor profesional, sino de que no gocen de prebendas que les permitan competir con ventaja o deslealtad hacia las empresas radicadas en España. El caso del chárter náutico que hoy retomamos en Gaceta Náutica, siguiendo nuestro patrón de denunciar cíclicamente las injusticias que se producen en el sector aún a riesgo de resultar pesados, exige la adopción de medidas urgentes para garantizar la igualdad de oportunidades entre las compañías que ofertan el alquiler de barcos en Baleares.
El problema, como revela la información de nuestro Primer Plano de este mes, ha superado con creces la «piratería» a cargo de particulares. A éstos se les han sumado en los últimos años grandes multinacionales que afirman operar con toda legalidad, de acuerdo a la normativa fiscal de la UE, pero que están domiciliadas en paraísos fiscales (como la República de Mauricio o las Islas Vírgenes) y emiten sus facturas sin IVA.
No se trata de que los extranjeros tengan impedimentos para ejercer su labor profesionalNo se esconden y, en cuanto alguna agencia de intermediación les recuerda que en España hay que liquidar impuestos por todas las transacciones comerciales, responden copiando y pegando el siguiente texto: «Como usted puede ver en las facturas, nuestros charters han sido contratados a una empresa mauricia que no está sujeta al IVA. Nuestras facturas son totalmente correctas. Esto está confirmado por nuestro departamento de finanzas internacional, y al hacerlo seguimos las últimas regulaciones de la UE con respecto al IVA». Tenemos las facturas y los correos electrónicos que lo demuestran. Los hemos puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria.
El desembarco de estos gigantes empresariales, ligados en algunos casos a touroperadores con presencia en todos los destinos náuticos del mundo, ha puesto contra las cuerdas a las empresas locales que cumplen escrupulosamente con la legalidad en materia de contratación, y seguridad, y que por supuesto liquidan sus impuestos. Se trata de un caso de competencia desleal de libro que nos lleva a preguntarnos, una vez más, cómo es posible que el hecho de ser español y cumplir la normativa resulte un inconveniente frente a compañías extranjeras que juegan con ventaja, ya sea saltándose la ley o encontrando el vericueto por el que burlar su cumplimiento.
También es momento de exigir a las grandes asociaciones náuticas que dejen de ignorar este tema y a las autoridades y políticos que tomen nota y busquen soluciones, salvo que quieran vender la gestión de la náutica mallorquina a empresas estratégicamente localizadas en una isla del Océano Índico o a fondos de inversión que ni siquiera se sabe dónde están.