Las dos asociaciones de navegantes que operan en Baleares (ADN Mediterráneo, fundada por nuestro compañero Juan Poyatos y presidida actualmente por Biel Dols, y Anavre, de implantación nacional y cuya presidencia ostenta desde pasado mes de febrero Jaime Darder, también colaborador de esta casa) se han convertido en los últimos años en las más firmes defensoras de la actividad náutica, muy por encima del resto de asociaciones empresariales, no digamos ya de las grandes patronales.
Esto es así porque ninguna de estas dos entidades, que nacieron de la inquietud de pequeños grupos de usuarios y han ido creciendo con el tiempo, se ve afectada por conflictos de intereses. Gozan de total independencia y, por tanto, son las que tienen una mayor capacidad de criticar las decisiones de las administraciones públicas, que es, en esencia, para lo que sirve una asociación.
En cuanto un grupo de presión se ve supeditado a los intereses particulares de sus miembros, su función se ve muy mermada. Hay muchos ejemplos pasados y presentes al respecto, pero quizás el más claro es la reunión del consejo de administración de Ports IB (ente público que gestiona las instalaciones náuticas autonómicas) que el pasado 20 de febrero aprobó transferir 10 millones de euros de los puertos recreativos a las arcas de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) con el apoyo unánime, salvo una abstención, de todas las asocionaciones sectoriales. Es evidente que los concesionarios de los puertos autonómicos estaban atados de pies y manos para censurar una medida que, como poco, resulta llamativa.
En tales circunstancias, ADN y su presidente, Biel Dols, que ha hecho un grandísimo trabajo defendiendo a los usuarios del mar de la campaña de satanización llevada a cabo por la Conselleria de Medio Ambiente con la cobertura de algunos medios (la mayoría de los generales) y las asociaciones ecologistas afines (GOB y Terraferida), se alzaron como la única voz discrepante, a la vez que la más sensata. ¿Cómo puede descapitalizarse la empresa pública de puertos para tapar el agujero de la ruinosa sociedad que gestiona (es un decir) los trenes de Mallorca? ¿Por qué los navegantes, que son los que al final de la cadena pagan el superávit de los puertos recreativos, tienen que salir al rescate de los ferrocarriles? Estas preguntas que todos nos hicimos al conocer la noticia salieron únicamente de la boca del representante de la Asociación de Navegantes, que pudo hablar con total libertad porque no le debe nada a nadie, no tiene ataduras, ni siquiera la dieta como miembro del consejo de administración de Ports IB, a la que hará bien en renunciar si algún día se la ofrecen.
Deberíamos todos los usuarios del mar balear, sea cual sea nuestra posición –empresarios, trabajadores, regatistas, amarristas, clubes, marinas–, unirnos a cualquiera de las dos asociaciones de navegantes (la que prefiramos) y sumar una verdadera fuerza independiente que haga frente, sin lazadas ni yugos, a los abusos del poder. El nuevo modelo asociativo ha de renunciar de antemano a formar parte de los órganos de gobierno de las administraciones –pues está visto que se trata de una trampa– y aspirar a que su fuente de energía sea una masa crítica con capacidad disuasoria. La batalla se ha de librar en los medios, en las redes y ante la opinión pública, no en los despachos, donde el poderoso está en su salsa. No esperen más: asóciencense.