Dicha defensa de la comunidad de usuarios del mar, injustamente demonizada por la corriente imperante, nos ha obligado a denunciar dos cosas. La primera, el falso dogma de que la principal amenaza para la posidonia la constituye el llamado «fondeo incontrolado», que es el término tramposo que políticos y otros actores propensos al catastrofismo utilizan para referirse a lo que en realidad es el derecho de facto al «fondeo libre».
La segunda cuestión que hemos denunciado, con datos que no han podido ser puestos en cuestión, es la red de intereses económicos que hay detrás de la campaña contra los navegantes y sus anclas, la cual incluye a profesionales del ecologismo y a empresas que han visto en los puertos encubiertos con boyas la posibilidad de ganar mucho dinero. Imaginen el negocio descomunal que supone alquilar un muerto por horas sin ofrecer ningún servicio y sin más gasto que la contratación de un cobrador, un datáfono y una neumática.
En este edición hemos querido ir un poco más lejos y centrar el tiro en un punto mil veces comentado, pero que nunca nos habíamos parado a desarrollar en profundidad, y que demuestra que el Govern balear y sus asociaciones afines quieren matar moscas a cañonazos al endurecer las condiciones para el fondeo en Baleares.
Les hablo, como supongo que ya suponen, de los millones de metros cúbicos de vertidos contaminantes que acaban en el mar a través de más de un centenar de emisarios.
Llama de entrada la atención que 47 de estas gigantescas tuberías, dependientes de organismos públicos (Govern y ayuntamientos), se encuentren situadas sobre praderas de posidonia, según datos oficiales que hoy revelamos. Pero lo más grave no es eso, sino el lamentable nivel de depuración de las aguas residuales, el cual está evidenciado por las cifras de la información que publicamos (sólo 26 de las 83 depuradoras existentes están preparadas para realizar tratamiento terciario –que produce agua no potable, pero no contaminante– y únicamente cinco lo realizan a veces) y por las regulares roturas que se producen en las playas de Ciudad Jardín, Talamanca o el Puerto de Sóller.
Los detritos que tanta alarma causan entre los bañistas cada vez que se parte una tubería no son otra cosa que los que van a parar al mar diariamente por conductos que en la mayoría de los casos (74 de 124) se encuentran a menos de medio kilómetro del litoral, lo que contraviene la normativa legal. No hace falta que les diga el desastre ecológico que todo ello supone, ni creo necesario comparar este gigantesco desaguisado con el problema de las anclas.
Las preguntas que cualquier mente mínimamente despierta se hace a la vista de esta situación son dos. Primera: ¿con qué cara se puede defender, como hace el conseller Vidal, que esta será «la legislatura de la posidonia» por el mero hecho de regular el fondeo? Y segunda: ¿cómo se puede permitir un político el lujo de satanizar a los navegantes cuando la administración autonómica a la que representa no hace su trabajo?
Les pondré otro ejemplo elocuente. Piensen en los medios con los que cuenta Salvamento Marítimo para hacer frente a pequeños vertidos de hidrocarburos procedentes de barcos y a continuación en esos millones de metros cúbicos de aguas fecales y contaminantes que se arrojan al mar impunemente y sin control. Y díganme si les parece normal.