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Ha vuelto a ser José María Jiménez, presidente de la Comisión de Charter Náutico de Apeam, quien ponga los puntos sobre las íes: en España sale muy caro hacer las cosas bien y muy barato saltarse la Ley a la torera. La «piratería» en el sector del alquiler de barcos es uno de los clásicos del final del verano, cuando toca hacer balance de la temporada. Cada año nos topamos con la misma cantinela: controles excesivos sobre las flotas legales y descontrol absoluto de las empresas –por llamarlas de alguna manera– que operan con la bandera de la calavera y las dos tibias en el reverso de pabellones extranjeros.
Nos llegan a la Redacción muchas quejas y denuncias sobre esta situación, en ocasiones acompañadas incluso de fotografías. Pero nosotros sólo podemos hacernos eco de los hechos, recoger la versión de los empresarios legales. El control corresponde a las autoridades que, con increíble obstinación, parecen empeñadas en que el mundo gire del revés y en que gente con la cara muy dura siga ejerciendo una competencia a todas luces desleal en uno de los sectores que deberían estar más mimados.
Mientras esto ocurre año tras año, sin que nadie decida ponerle el cascabel al gato, el intrusismo avanza en otros subsectores, como el de la formación náutica, donde se han descubierto fraudes sistematizados con las prácticas que se exigen para las nuevas titulaciones. En resumen, las autoridades españolas masacran al sector con toda suerte de normativas –muchas de ellas absurdas, como las que están provocando la fuga de pabellones a Bélgica y otros países de la UE–, pero luego no ejercen los debidos controles o los aplican con exceso de celo sólo sobre quienes tienen la voluntad de operar dentro de los márgenes de la Ley.
El origen de esta situación un tanto surrealista está, como es lógico, en el afán normativo (que suele ser un mero pretexto para recaudar), en la maldita manía de «regular» hasta el más mínimo detalle, sin dejar ni un resquicio al autocontrol de los usuarios, como si fueran menores de edad, sobre todo en materia de seguridad.
En Baleares la cosa no presenta visos de cambiar..No es ningún secreto el furor legislador (por lo general enfocado a la prohibición) del gobierno autonómico surgido de las últimas elecciones. El decreto de fondeo que prepara la Conselleria de Medio Ambiente será de los que hacen época. Los navegantes se van a tener que movilizar si no quieren que el litoral de Baleares se convierta en una gigantesca zona azul, pero no azul de mar, sino de ordenanza reguladora del fondeo.
Las boyas de pago dejarán de ser una opción para convertirse en una obligación y las anclas se podrán guardar como objetos decorativos o piezas de museo, porque no van a dejar que nadie (salvo, como mucho, barcos de hasta seis metros, donde nuestros gobernantes establecen el límite de la náutica social) las utilicen. Pero no les quepa duda de que harán la ley, o sea, el decreto, antes de resolver cómo controlar las áreas de fondeo y la tramitación de las eventuales sanciones para quienes incumplan la normativa, y nos encontraremos con situaciones análogas a las del charter y la formación náutica: que pasarán por el aro sólo los que actúan con honradez. Los jetas, los caraduras, los piratas y los amiguitos del vigilante (como ocurre en Cabrera) se pasarán el decreto por el arco del triunfo.