La economía colaborativa es una realidad que puede gustar más o menos, pero que hay que aceptar. Aunque lejos de alcanzar el volumen de otros sectores, como el inmobiliario o el del transporte terrestre, empresas con parecida filosofía a la de Airbnb (alquiler turístico) o Uber (VTC) han llegado al sector náutico para quedarse.
Nadie puede ponerle puertas al mar, pero sí cabe exigir que todos los actores que operan en el subsector del alquiler de embarcaciones lo hagan en idénticas condiciones. La cuestión, por tanto, no es si los portales que ofertan barcos o paquetes vacacionales a cambio de comisiones deben existir, sino si deben cumplir las mismas normas que las empresas de chárter tradicionales.
Está claro que sí, lo cual no casa con el hecho de que en algunos de estos portales, que se publicitan a bombo y platillo como los blablacar del mar, se oferten embarcaciones en lista séptima o que no reúnen los requisitos legales de contratación y seguridad.
Es cierto que el Govern balear, de la mano de Xavier Ramis, director general de Puertos, ha tratado de poner orden en el asunto con la creación de un listado de embarcaciones legales. La patronal del charter celebró en su día esta medida y varios portales se comprometieron a colaborar para no convertirse en soporte de simples charters piratas. Hasta aquí todo bien. El problema es que cada vez hay más portales de este tipo (si bien todos se proclaman «líderes mundiales», «pioneros» y «referentes», como hacen por sistema las starups) y no parece que haya manera de controlar si todo lo que ofrecen es legal.
En Gaceta Náutica hemos tomado la decisión de analizar, en la medida de nuestras posibilidades, los catálogos de todas las firmas que pretenden publicitarse gratuitamente en nuestro periódico y en nuestra web mediante el envío de notas de prensa. No vamos a publicar ni uno solo de estos comunicados sin antes asegurarnos de que las empresas que los mandan no hacen competencia desleal al charter balear, sometido a toda suerte de controles por parte de las autoridades.
Según informamos en la página 5 de esta edición (impresa), el mes de marzo recibimos una de estas notas y nada más entrar en la sección dedicada a nuestras Islas nos topamos con la foto de un barco de 36 pies matriculado en lista séptima, como se aprecia perfectamente en la proa. Hicimos el correspondiente pantallazo y nos pusimos en contacto con la manager del portal en España, quien aseguró que la plataforma «cumplirá con la regulación correspondiente, incluyendo la lista sexta». No ponemos en duda que esta sea su intención, pero la realidad es que en apenas unos segundos localizamos una embarcación que, de acuerdo con la matrícula que aparece en la fotografía (que obviamente suponemos que pertenece al barco que se oferta en la ficha), no debería alquilarse.
El Govern se ha quedado a medias –o sin tiempo suficiente, si lo prefieren– al abordar este problema. La patronal del charter aboga por aumentar las multas, a fin de que sean realmente disuasorias, pero la aprobación de un nuevo régimen sancionador ha quedado como una asignaturas pendiente para la nueva legislatura. Es fundamental que, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, se cierre de una vez este capítulo y los usuarios puedan elegir la opción que prefieran a la hora de planificar sus vacaciones con la certeza de que la contratación a través de uno de estos portales ofrece las mismas garantías que una charter de toda la vida.