Se me ocurren pocos casos en los que el doble rasero de los políticos se haya puesto tan en evidencia como en de los vertidos de aguas residuales, de cuyas importantes novedades informamos en exclusiva en esta edición de Gaceta Náutica.
El Servicio de Protección de la Guardia Civil ha presentado ante el juzgado un informe demoledor en el que demuestra con pruebas y argumentos que la Conselleria de Medio Ambiente conocía perfectamente el desastre ecológico causado por la deficiente depuración del agua y, sin embargo, ha hecho la vista gorda. En sus archivos no consta la incoación de una sola sanción contra la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (EMAYA), que lleva la friolera de 31 años vertiendo fecales al mar sin ni siquiera disponer de la autorización legal para hacerlo. Repito dos datos: 31 años y ni una sola sanción.
En este humilde periódico nos sentimos muy orgullosos de haber puesto sobre mesa esta problemática medioambiental hace cuatro años, cuando revelamos los sistemáticos incumplimientos de las estaciones depuradoras de aguas residuales y las devastadoras consecuencias que esa dejadez política, técnica, funcionarial y, por qué no decirlo, también mediática, tenía sobre los ecosistemas marinos. Sin embargo, no hemos sido conscientes de la magnitud del desastre hasta tener acceso a la investigación judicial.
El dictamen del Seprona estima, por ejemplo, que, entre 1989 y 2012, los vertidos provocaron una reducción de más de 200 hectáreas de posidonia en la Bahía de Palma, lo que equivale al 20% de la superficie total que esta planta protegida por la Convención de Berna llegó a ocupar en su momento de mayor esplendor. Ni toda la Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos fondeada durante años sería capaz de provocar semejante destrozo con sus anclas. Esto ha pasado (y sigue pasando, de hecho) con el conocimiento de los técnicos y políticos responsables del saneamiento y ninguno ha hecho nada; bueno, sí que algo han hecho todos ellos: mantenerlo tapado. Ya saben lo que dice el refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Menos mal que un día de hace cuatro años decidimos sumergirnos para ser los ojos de nuestros lectores y contribuir a que ese oscuro secreto –heredado de legislatura a legislatura– viera por fin la luz.
No consigo entender, no obstante, cómo, después de todo lo publicado y a sabiendas del cadáver que guardaban en el armario, la Conselleria de Medio Ambiente (en manos de Més, partido que se autoproclama ecologista) tuvo la desfachahtez de erigirse en la gran defensora de la posidonia mediante la aprobación de un decreto de protección de esta planta que en su primer borrador establecía una moratoria para que las depuradoras pudieran seguir contaminando y en su versión definitiva eludió hacer cualquier referencia a los vertidos de aguas residuales. ¿Acaso pensaron que su doble vara de medir podría mantenerse escondida, como los mismos vertidos? ¿Creyeron los consellers Vidal y Mir que tamaña manipulación podría sostenerse en el tiempo desviando la atención a los navegantes y los fondeos? ¿Acaso pensaban que alguien no sospecharía de sus dudodas intenciones cuando se supiera que han tramitado 212 denuncias por el mal uso del ancla en o en las proximidades de posidonia y sin embargo no han tenido ni la intención de multar a EMAYA por arrasar la Bahía de Palma?