Las probabilidades de que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en alguna cosa en los tiempos que corren son tan remotas que no cabe otra cosa que celebrar como un logro gigantesco que ambos hayan decidido salir en defensa de los clubes náuticos de Baleares.
Más que ponerse de acuerdo, lo que han hecho, en realidad, es presentar cada uno por separado sendas proposiciones no de ley (PNL) para su aprobación por el parlamento autonómico en las que, más o menos, dicen lo mismo. Primero fue el PP quien, por medio de su diputada Marga Durán, pidió instar a Puertos del Estado a que modifique la norma nacional para que los náuticos y marítimos no tengan que jugarse su futuro en concursos desiguales donde prima la oferta económica por encima de la actividad social y deportiva. A los pocos días, el PSIB, de la mano de Damià Borrás, hizo pública su propuesta basada en la exigencia al Estado y a la Comunidad Autónoma de establecer mecanismos que permitan la estabilidad de los clubes.
Lo importante de las citadas PNL, en ambos casos, es el preámbulo, pues los representantes de los partidos mayoritarios coinciden en que las históricas entidades sin ánimo de lucro que dieron forma en su día a la náutica de recreo y deportiva en las Islas desempeñan una función social merecedora de una especial protección que, por la razón que sea, no está reflejada en las leyes vigentes.
Cabe tener en cuenta que PP y PSIB representan juntos a 43 de los 59 diputados del Parlament y a 258 de los 300 del Congreso. Sin la necesidad de recabar la opinión de las demás formaciones políticas (que no son necesariamente contrarias), se puede hablar sin tapujos de la existencia una mayoría clamorosa en favor de los clubes náuticos y marítimos, y cabe, por lo tanto, exigir medidas urgentes para evitar éstos que puedan desaparecer.
En Baleares se encuentran en la cuerda floja todos los clubes dependientes del Estado (Club Náutico de Ibiza, Club Marítimo de Mahón, Real Club Náutico de Palma y Club Nàutic Portitxol) y ya ha desaparecido el Club Marítimo Molinar de Levante, fundado en 1917 y cuya antigua concesión fue otorgada el mes pasado a una empresa privada cuya denominación está en inglés a pesar de que sus dirigentes son españoles.
Una proposición no de ley, como su nombre indica, no pasa de ser una declaración de intenciones. Su valor es más simbólico que otra cosa, pero tiene la utilidad de permitirnos conocer qué ha dicho un determinado partido sobre una cuestión en particular para, llegado el caso, cotejar esa posición con sus acciones.
No se entendería, por ejemplo, que ninguno de los dos partidos que han tomado la iniciativa se opusiera, por ninguna vía, a modificar la Ley de Puertos del Estado o cualquier otra reforma legal que persiga el objetivo de garantizar la supervivencia de los clubes náuticos. Una vez obrado el milagro de poner de acuerdo a las dos grandes formaciones españolas –qué pena que eso no ocurra más a menudo y en otros muchos asuntos que lo requerirían– es nuestro deber vigilar que las palabras se transforman en hechos y que, en efecto, se adoptan las decisiones necesarias para hacer cumplir aquello que, más allá de toda duda, constituye una demanda mayoritaria de la ciudadanía.