Nada fácil lo ha tenido el Govern a la hora de elegir la persona que ha de regir durante los próximos años los destinos de la Autoridad Portuaria de Baleares. Un cargo que, con el paso de los años y a la vista de lo acaecido hasta hoy, ha resultado de alto riesgo.

La búsqueda de candidatos dentro del sector privado es compleja. La Ley de Incompatibilidades dificulta enormemente que profesionales con capacidad, conocimientos y experiencia puedan acceder al cargo por los requisitos tan rigurosos que exige no sólo para el nombramiento, sino también para su posterior reincorporación al mercado laboral una vez abandonado el cargo.

Si hablamos de candidatos que provengan del sector público, es decir, funcionarios de máximo nivel con preparación y cualidades acreditadas, no es fácil compensarles por las conocidas dificultades del cargo. Es necesaria una clara vocación por asumir retos, incluso diría riesgos, que no es fácil de encontrar.

Tal como establece la Ley de Puertos del Estado, el presidente es propuesto para su nombramiento por la Comunidad Autónoma, pero lo nombra Puertos del Estado, por lo que orgánica y funcionalmente responde ante este ente estatal, que a su vez depende del Ministerio de Fomento.    

Lógicamente la persona elegida se debe a las directrices políticas de quien le ha propuesto, el Govern de Balears, pero jerárquicamente depende de Madrid. Como les ha venido sucediendo a sus antecesores en el cargo, esta una de las paradojas con las que tendrá que lidiar el nuevo presidente de la APB, Javier Sanz.

La APB es un organismo de gestión del dominio público portuario, donde concurren competencias de distintas administraciones: municipales, insulares, autonómica y lógicamente la estatal.  Es fácil comprender que, en la mayoría de ocasiones, los intereses no coinciden. 

Son muchos y complicados los retos que habrá de afrontar Javier Sanz durante su mandato. Por ejemplo, el de la exagerada escasez de espacio portuario por culpa de una política autonómica que hasta ahora ha venido limitando cualquier crecimiento racional y sostenible capaz de cubrir mínimamente las necesidades del sector.

Las decisiones de otras autoridades portuarias han sido bien distintas, habiéndose realizado importantes infraestructuras financiadas con fondos estatales y europeos. Véanse como ejemplos los puertos de Valencia, Barcelona, El Musel en Gijón y Punta Langosteira, el puerto exterior de La Coruña.  

Por desgracia, en Baleares los operadores portuarios de tráfico de pasajeros y mercancías, así como los cruceros, tienen que organizarse de una forma “especial” para encontrar el espacio suficiente para operar. Esta carestía de espacio también está asfixiando al sector de reparación, tanto en Palma como en Alcudia.

Las soluciones al problema pivotan en torno a la Ley de Puertos del Estado, que contempla la aprobación de los instrumentos de planificación conocidos como DEUP (Delimitación de espacios y usos portuarios) para definir los usos previstos en las distintas áreas, tanto interiores como exteriores del dominio público portuario. Estos usos deben ser compatibles con los planes especiales de cada uno de los municipios donde exista un puerto de interés general, es decir, Palma, Alcudia, Mahón, Eivissa y Formentera.

Otro de los grandes retos a resolver se refiere a la situación concesional de las instalaciones náutico-deportivas. Véanse los casos del Club Náutico de Ibiza y del Club Náutico de Palma, o las instalaciones náuticas de Formentera y Eivissa.

Formación, conocimientos, experiencia, templanza, liderazgo y capacidad de gestión son cualidades que se concitan en la persona del nuevo presidente de la APB. Dicen los que conocen bien a Javier Sanz que es hombre de buen carácter, extremadamente educado, poco amigo del enfrentamiento y defensor del diálogo y los consensos.

Para el sector náutico es una buena noticia su nombramiento, que demuestra la influencia real que tiene en el ámbito de los puertos del Estado en Baleares, y por ello tendrá de bien seguro su apoyo y compromiso.   

Sólo queda desearle suerte y aciertos a la hora de conjugar todos los elementos en la gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario con los criterios de rentabilidad y eficiencia que la Ley de Puertos exige. Su formación de economista y sus muchos años de experiencia en el sector le ayudarán con toda seguridad.