Está aceptado por todo el mundo que en determinadas zonas especialmente sensibles el fondeo de embarcaciones debe estar regulado. Nadie lo discute, porque no hay un solo verdadero navegante que no esté dispuesto a poner de su parte para proteger el mar, su espacio de ocio y libertad. El debate no está en la cuestión medioambiental –más que superada–, sino en la forma en que debe acometerse esta regulación.
La gran mayoría de barcos que utilizan los polígonos de fondeo de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) tienen su base en puertos gestionados por la comunidad autónoma a través del organismo Ports IB. Eso significa que pagan un amarre y sus correspondientes tasas (ya sea de manera directa o a través de un concesionario), y que, por ello, ya están contribuyendo a la financiación de la empresa pública que, a su vez, desde esta temporada, es la responsable última de la colocación, mantenimiento y cobro de las boyas.
No hace tanto se llegó a plantear la posibilidad de que, dado que el fin de la regulación es la protección de la posidonia, las boyas fueran gratuitas, al menos para los residentes con amarre en Baleares. La idea fue descartada y se llegó a un acuerdo tácito entre las partes (usuarios y administración) según el cual Ports IB se comprometía a no ganar dinero por la prestación del servicio y los navegantes aceptaban pagar un precio razonable que garantizara exclusivamente el mantenimiento de la instalación.
Sin embargo, hay quien no considera razonable abonar 36 euros por un barco de 12 metros en las áreas LIC, cuando en el Parque Nacional de Cabrera (cuyo nivel de protección es en principio superior al de cualquier otro punto de la geografía balear) las pernoctaciones cuestan exactamente la mitad. La cantidad, en efecto, se antoja un tanto excesiva para un supuesto servicio público que simplemente consiste en poner a disposición del usuario una boya donde amarrarse. Y más exagerado aún si se trata de un fondeadero donde no cabe la opción de usar el ancla.
El consejo de administración de Ports IB aprobó en mayo las condiciones de gestión de los campos de boyas sin tener en cuenta el acuerdo verbal con los representantes de los navegantes locales (ni las recomendaciones de las capitanías marítimas sobre las estancias máximas y el límite de 10 nudos a partir del cual se elude cualquier responsabilidad por daños. Los argumentos del recurso de reposición presentado por un navegante (del que informamos en esta edición), son muy razonables. No se puede vender que se presta un servicio público cuando realmente no es así. Quizás los usuarios no debieron bajarse nunca de la reivindicación de la gratuidad.
Ports IB se ha caracterizado a lo largo de la presente legislatura por su buen talante y su capacidad de diálogo. Sin embargo, le ha faltado mano izquierda en este asunto tan sensible. Debería plantearse, de cara a la temporada que viene, consensuar el modelo de gestión de las boyas con quienes han de usarlas, que no son otros que los clientes de sus instalaciones.
Es cierto que las tarifas y el resto de condiciones tiene el refrendo del consejo, pero no lo es menos que sus miembros no conocieron el plan de gestión hasta minutos antes de votar. Y ya sabemos por experiencia cómo funcionan estas reuniones en las que casi todas las propuestas salen adelante por unanimidad y sin que apenas exista debate.