La culpa es indudablemente nuestra, pues nuestro trabajo es comunicar, pero esa contaminación de la percepción viene dada también por los prejuicios y la intencionalidad tanto de quienes suministran la información (las fuentes) como de quienes la consumen al final del proceso (los lectores).
Hace tiempo que creo que el debate en torno a la protección de la posidonia no está bien enfocado y que las partes están más preocupadas por afianzar sus posturas que por buscar verdaderas soluciones. Esto ha llevado a que entre la opinión pública se dé casi por sentado que los navegantes (no algunos navegantes, sino TODOS los navegantes) son unos salvajes sin ninguna conciencia ecológica, mientras que el colectivo de navegantes ha encontrado en la dejadez administrativa con el saneamiento del agua (sólo 18 de los 46 emisarios de Baleares tiene permiso de actividad de la Conselleria de Territorio) un pretexto para no denunciar con la contundencia que cabría esperar los casos flagrantes de embarcaciones que fondean sin ningún control sobre la posidonia.
Por desgracia –hay que admitirlo– no todos los navegantes pertenecen a ADN ni tienen el perfil de los miembros de esta asociación, propietarios de embarcaciones de pequeña y media eslora, amantes del mar y personas tan o más comprometidas con el medio ambiente que los integrantes de todas esas plataformas que compiten para ver cuál de ellas denuncia más actos incívicos de propietarios de barcos, pero que escurren el bulto con el asunto de los emisarios.
Los medios ponen el acento en los actos incívicos de una minoría para criminalizar a todo un colectivoSi todos los usuarios del mar tuvieran carné de ADN, no existiría la polémica, porque sus socios ni fondean donde no deben ni vierten al mar el agua de sus sentinas, algo que, lamentablemente, sí hacen algunos patrones que nos visitan en temporada alta y que, con la ayuda inestimable de quienes han hecho de la demagogia y el catastrofismo su modo de vida, se están cargando la imagen de todo un colectivo. Es muy injusto referirse a los navegantes por lo que hacen unos pocos.
En su tribuna publicada el mes pasado en Diario de Mallorca, Biel Dols, presidente de ADN, dio en el clavo al reconocer que la falta de información está provocando los casos de fondeo incontrolado que recogen y amplifican con frecuencia los medios generalistas. Es fundamental, en este sentido, que exista una cartografía en condiciones o un sistema que indique en el móvil si un determinado punto del litoral es apto o no para el fondeo.
Esta aplicación ya existe en Francia y, de haberse exportado, hubiera servido para resolver el conflicto en Baleares sin llegar al estado actual de la cuestión, donde los buenos navegantes se sienten criminalizados y acosados por unas autoridades que no responden por sus propias negligencias y que pretenden convertir los fondeos en un negocio privado.
El último intento para que así sea se ha dado en Calvià, donde una concejal no adscrita (ex de Podemos) presentó el mes pasado una moción reclamando que el Ayuntamiento se haga cargo de la instalación de campos de boyas atendiendo a la hecatombe medioambiental que han anunciado el GOB, Terraferida, Greenpeace y demás, sin mencionar ni de refilón el problema de los vertidos y sin tener en cuenta que los municipios carecen de competencias para regular el mar, salvo que el Estado decida transferírselas.