La Fiscalía Anticorrupción de Baleares reclama un año y nueve meses de prisión, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1,1 millones de euros para el ex conseller de Turismo en la última legislatura del PP en Baleares, Carlos Delgado, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del puerto deportivo Calanova.
La fiscal Laura Pellón, que en breve dejará su plaza en Anticorrupción para incorporarse a la Fiscalía de la Unión Europea contra el fraude, sostiene en su escrito de acusación que Carlos Delgado favoreció la adjudicación del puerto a la empresa Port Olimpic Calanova SL, “de la que era socio y administrador su abogado y amigo personal, Carlos Gelabert”, para quien pide un año y seis meses de prisión.
El Ministerio Público, que narra de manera pormenorizada la supuesta trama para adjudicar el histórico puerto de Cala Nova, considera, además, que la concesión es nula.
La acusación se basa en la presunta relación de amistad entre Delgado y Gelabert, y en la tesis de que la oferta de Port Olimpic no debió ser aceptada por no ajustarse a las bases.
La fiscal apunta que la adjudicación, firmada el 10 de octubre de 2013, generó «un desproporcionado beneficio económico» a Gelabert.
Otro de los involucrados es el entonces secretario general de la consejería y secretario del consejo de administración de Ports IB, Joaquín Legaza, quien habría liderado el procedimiento administrativo para asegurarse de que la adjudicación de la concesión recaía en Port Olimpic Calanova. Legaza está acusado de un delito de prevaricación, por el que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo público, y otro de tráfico de influencias, que la fiscal pide castigar con un año y nueve meses de prisión, además de una multa de 1,1 millones de euros, la misma pena que solicita para Delgado.
El escrito de la Fiscalía sostiene que Delgado y Legaza excluyeron deliberadamente a Ports IB del proceso administrativo, ya que Calanova, de manera excepcional y aun siendo uno de los puertos transferidos a la comunidad autónoma, se encontraba bajo la gestión de Deportes, departamento que estaba a la sazón integrado en la Conselleria de Turismo. Los dos, dice la fiscal, influyeron en el sentido del voto de los consejeros Ports IB hurtándoles «la información necesaria» para adjudicar la concesión de forma justa.
