Cuando iniciamos este proyecto editorial, no era nuestra intención dedicarnos a la investigación ni mucho menos a la información judicial. Nacimos con la idea de dar cobertura a todo lo relacionado con el mar y en especial a las actividades deportivas que se desarrollan en los clubes náuticos, que son el verdadero motor de nuestro sector.
Nada más desembarcar en este mundo nos llegaron las primeras denuncias de corrupción en la APB, de la que dependen todas las concesiones otorgadas en los puertos de interés general de Baleares. En ese punto podíamos hacer dos cosas: ignorarlas y seguir a lo «nuestro», como hacía todo el mundo, o intentar averiguar si todo aquello era cierto. Ya se hablaba entonces del deslinde del Portitxol y de varias adjudicaciones sospechosas.
Como es lógico, elegimos la segunda opción y empezamos a publicar informaciones relacionadas con el oscuro mundo de los concursos portuarios. Jamás se nos pasó por la cabeza que la cosa fuera tan grande y pudiera derivar en el auto de cierre de la investigación del caso Mar Blau del que damos cuenta en esta edición. Pero supimos que habíamos «tocado hueso» la mañana en que un funcionario de la APB nos citó en el bar Pesquero de Palma y nos dijo que ya no estábamos autorizados a repartir Gaceta Náutica en los edificios oficiales del puerto. El director en persona, Ángel Matías, había dado la orden. Nos sentimos frustrados, pero al mismo tiempo animados a seguir indagando.
En 2008 estalló el caso del amaño del Club Marítimo de Mahón, que luego se convertiría en Mar Blau e incluiría otras adjudicaciones supuestamente irregulares en Ibiza y Formentera. Aquello fue una bomba: grabaciones secretras, cambalaches de puertos, coacciones, presuntos cohechos, chivatazos, formateo de ordenadores… Y supuso la aparición en escena de toda una serie de personajes que hasta entonces eran considerados «intocables», como es el caso de Díaz Ferrán, dueño de Trapsa Yates y ex presidente de la patronal CEOE, que ya sabe lo que es estar en la cárcel.
Haber contado todo esto en estas páginas no tendría ningún mérito –al fin y al cabo es nuestro deber– si no fuera por las presiones, insultos, campañas de desprestigio y mentiras que hemos tenido que soportar estos últimos años y que, siendo nuestra nave apenas un cascarón en medio de un mar embravecido, podrían legítimamente habernos hecho optar por el silencio.
El auto de Mar Blau que confirma punto por punto todo lo que aquí se ha publicado (les emplazo a comprobarlo en nuestras páginas 4 y 5) no es una sentencia ni pone fin al proceso, pero demuestra que Gaceta Náutica ha cumplido escrupulosamente con su obligación de informar con veracidad, que los hechos expuestos –como pretendían algunos– no formaban parte de ninguna conspiración ni respondían a no se sabe qué extraños intereses particulares («piensa el ladrón que todos son de su condición», reza con acierto el viejo refrán), sino que constituían claros indicios de corrupción. También prueba que en la APB ha existido una absoluta sensación de impunidad, la cual ha llevado a muchos concesionarios a resignarse a que las cosas «sean así» y a no aspirar a cambiarlas.
Y por último acredita que una de las administraciones más burocratizadas que existen (la española) es incapaz de detectar la corrupción por sí misma. No olvidemos que todo lo que expone el juez en su auto ha sido sometido al escrutinio del Consejo de Administración del ente portuario y ha contado siempre con el beneplácito de los juristas de «la casa» y el visto bueno de Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento.