Empezamos 2021, ocasión propicia para mirar atrás y analizar cómo están las cosas en esto de la política en el sector náutico.
En Junio de 2015 el III Pacto de Izquierdas entró en el Govern Balear. Y en mayo de 2019 renovó mandato. El próximo verano el Pacte sumará 7 años seguidos gobernando. El balance de su actividad de gobierno es desolador.
En los puertos del Estado, al tiempo que realizaban inversiones para el desarrollo de la actividad de cruceros, dichas inversiones iban acompañadas de un sorprendente mensaje político de rechazo a esta actividad económica.
Bajo el gobierno del Pacto de izquierdas se ha tomado la fulminante decisión de eliminar una entidad social y deportiva de barriada humilde: el centenario Club Marítimo Molinar de Levante, creando además un precedente por el que deberán estar atentos otros clubes como son el Club Náutico de Ibiza o el Real Club Náutico de Palma, uno ya en tiempo de descuento y el de Palma que finaliza su concesión en breve.
Son muchas y de calado las actuaciones de claro sesgo político y nula inquietud por el sector náutico. En el marco de los puertos autonómicos estos siete años le han servido al Pacto para desarrollar plenamente sus prejuicios y le han declarado la guerra al navegante. A usted.
El Estudio de demanda que tenía que hacer público el Pacte en 2015 sencillamente se ha ocultado. La previsión de que de 2015 a 2025 el sector tiene un crecimiento en solicitantes de amarre de en torno a un 23% sencillamente no les interesa, lo han tirado a la basura. Previsión que ha de unirse a la lista de espera de personas residentes, que ascienden a más de 5.000 solicitudes sin que haya amarre alguno que asignar.
El déficit se calcula en más de 12.000 amarres. Y el Pacte, aún sabiéndolo, se ha tirado al monte y ha decretado una moratoria en Baleares: prohibición de nueva construcción, prohibición de ampliar. También prohibición del libre fondeo. Prohibir, prohibir, prohibir.
Como colofón han decidido lanzar un plan de carga del litoral y un plan de puertos donde aplican sus prejuicios ideológicos y donde, más que defender el crecimiento sostenible del sector, han aprovechado para ejecutar un intervencionismo nunca vividos hasta la fecha.
Ya verán: cuando usted pida un amarre porque quiere comprarse un barco, o porque tiene una pequeña flota para alquilar en charter, le dirán que no, que es usted un «rico depredador» del medio ambiente. Y entonces ya será tarde.
Los que ya tienen embarcación, al salir a navegar hacia su cala preferida para pasar el día fondeados y hacer un «capfico», no lo podrán hacer porque este Govern habrá puesto boyas a modo de parquímetros, que tendremos que pagar, si es que hubiere boya libre para poder quedarnos. Este verano, con vacuna del Covid o no, lo que seguro que no tendremos es la Libertad de Navegar por nuestra costa.
Y frente a todo eso, el sector –con la salvedad de las asociaciones de navegantes, que sí están defendiendo sus derechos y denunciando la criminalización del colectivo– está anestesiado: no dice nada.
Parece que la situación de pandemia lo ha contaminado todo. Moratoria, prohibir y que les vayan dando a los usuarios del mar. Govern del Pacte dixit.
Están ustedes avisados.