Nunca hasta la fecha nos habíamos visto obligados a reproducir imágenes de las sentencias o documentos oficiales a las que aluden nuestras informaciones. Eso es porque nunca, hasta hace muy poco, los políticos y sus entidades afines (ya sea porque las subvencionan o porque las forman personas del «partido», en este caso Més per Mallorca) se dedicaban a manipular el contenido de las resoluciones judiciales en los medios de comunicación y en las redes sociales, pervirtiendo el significado de las cosas.
Hace unos meses tuvimos que reproducir el párrafo de un informe de la Conselleria de Medi Ambient remitido al juzgado en el que una directora general ecosoberanista (pretendiendo ser el prefijo «eco» una abreviatura de «ecologista») afirma, sin despeinarse, que no existen evidencias científicas que demuestren la relación entre los vertidos de aguas residuales y la destrucción de la posidonia. Hubo que publicar la prueba documental para evitar que se nos acusara de mentir o intoxicar, como hizo de hecho en el Parlament balear el diputado de Més Josep Ferrá, otorgando a este humilde medio una relevancia que nunca nos hubiéramos arrogado por nosotros mismos. Ya le dimos en su día las gracias por poner en evidencia su desmedido sectarismo y sus carencias democráticas a nuestra costa.
Este mes hemos tenido que recurrir a la reproducción de una sentencia para evidenciar que el conseller Mir y sus coristas del GOB han intentado engañar a la opinión pública acerca del demoledor contenido de la sentencia que anula partes esenciales del decreto de posidonia y que censura de manera indubitada el doble rasero del Govern a la hora de perseguir a las personas o entidades que causan daños a las praderas de posidonia. La frase no ofrece lugar a dudas: «Puede compartirse la apreciación de las asociaciones recurrentes en el sentido que la proclamada acción administrativa en defensa de la protección de la especie amenazada nace ya recortada cuando se renuncia a adoptar medidas efectivas para el control de unas de las principales causas de dicha amenaza. Sin duda por la implicación de la propia Administración en tales vertidos».
Es muy deshonesto que un tribunal te diga esto (básicamente que estás aplicando un doble rasero para eludir tu responsabilidad) y salir al día siguiente sacando pecho en los medios y declarando que la sentencia supone poco menos que un espaldarazo a tu política ambiental. Se le llena la boca al conseller Mir hablando de su «decreto pionero», como si ser el primero en hacer una chapuza significara algo por sí mismo. Seguramente se trata de una norma pionera, pero no en la protección de la naturaleza (algo que no han inventado ni Més ni el GOB, por mucho que se lo crean), sino en encasquetarle la culpa a quien, en el mejor de los casos, sólo la tendría en parte, y en hacer la vista gorda con uno mismo. En eso sí que han sido unos verdaderos precursores.
Con todo, lo que más molesta del discurso de esta Conselleria negacionista de los vertidos y creadora de un reglamento que le permite eludir sus graves pecados medioambientales (las depuradoras son de su negociado) es el mantra de que los navegantes quieren fondear sobre posidonia, siendo esto una colosal mentira. No. Los navegantes que han presentado la demanda no quieren largar en ancla en las praderas posidonia, sólo quieren que se les deje hacerlo sobre arena y que el Govern no los trate como criminales, multándoles, como ha estado ocurriendo hasta la sentencia del TSJB, por meras presunciones.