Hace ya varios años que los datos son elocuentes. La campaña de vigilancia de la posidonia es la prueba más clara de que el comportamiento de los navegantes de Baleares (tanto de los locales como de los que recalan en nuestras islas) es mayoritariamente ejemplar. Esta afirmación resultará sin duda sorprendente para quienes se informen únicamente a través de las redes sociales, en medios generalistas o asuman el discurso de ciertas entidades ecologistas, empeñadas en criminalizar el uso recreativo del mar contra toda evidencia. Pero es la realidad que nos dan las cifras.
Nos vemos en la obligación de destacar el balance del servicio de vigilancia para contrarrestar la impresión que la interpretación sesgada de los datos ha dejado en la opinión pública. Hablar de cifras totales sin tener en cuenta los muchísimos matices que se derivan de la aplicación del famoso decreto de la protección de la posidonia –aquel que ignora deliberadamente los destrozos causados por las depuradoras públicas– puede dar lugar a equívocos y confusiones de efectos contraproducentes.
Lo primero que cabe tener en cuenta es el enorme valor estadístico de una campaña basada en 180.867 actuaciones, una cifra gigantesca que nos ofrece radiografía precisa del comportamiento de los navegantes. No cabe interpretar otra cosa si semejante control se ha traducido en 110 propuestas de sanción y en 7.578 movimientos de anclas, teniendo en cuenta que una gran parte de éstos se realizan –a propuesta de los vigilantes y de manera preventiva– antes de que el fondeo haya causado el menor daño a la posidonia.
Esta cifra resulta por sí sola escandalosa cuando, tal y como hemos podido ver en numerosos medios, se presenta sin su debido contexto, es decir, sin revelar que equivale a un exiguo 5% de las actuaciones totales y que las anclas no se mueven en muchos casos por el hecho de haber causado daños a los fondos marinos, sino por la percepción subjetiva de que podría hacerlo en función del borneo del barco y el consiguiente cambio de posición de la cadena del ancla. Estaría muy bien que en la memoria de las futuras campañas se especificara el número exacto de barcos fondeados sobre la posidonia y el de los que supusieron una amenaza para esta planta protegida por haberlo hecho en sus inmediaciones.
En cualquier caso, lo que nadie puede negar es que los números de infracciones están muy lejos de justificar la campaña orquestada contra la náutica de recreo por el anterior gobierno balear y quizás tampoco los recursos destinados a vigilar un actividad que en el 95% de los casos se realiza con arreglo a las normas y al sentido común.
Las conclusiones que cabe extraer de la campaña de este año son: primero, que los navegantes de Baleares están plenamente concienciados de la necesidad de evitar el fondeo sobre especies protegidas, ya sea por razones medioambientales o de seguridad; segundo, que cabe reconsiderar el destino de los recursos actuales en materia de protección del medioambiente, pues seguro que hay otras especies necesitadas de atención y que llevan ya demasiado tiempo bajo la alargada sombra de la posidonia; y tercero, que siempre habrá gente dispuesta a criminalizar a los navegantes y a culparles de la degradación del medio marino, aunque no existan razones que avalen dicha postura. Contra esto último no hay nada que hacer.