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La APB decreta el desahucio administrativo de Trapsayates

El ente portuario da tres días a la que fuera empresa de Gerardo Díaz Ferrán para que abandone el espacoio que indebidamente y sin título habilitante.
M.P.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) decretó el pasado miércoles el desahucio administrativo de Trapsayates SA para que cese de forma inmediata en la ocupación del dominio público portuario en el muelle de Levante, entre la punta de Cala Figuera y la punta del Rellotge, del puerto de Maó.



La que fuera empresa de Gerardo Díaz Ferrán, que está bajo administración judicial, ocupa este espacio indebidamente y sin título habilitante desde que le fue notificada la declaración de caducidad acordada por el Consejo de Administración de la APB el 13 de diciembre de 2017. El desalojo deberá efectuarse en el plazo improrrogable de tres días desde la notificación por parte de la APB a la empresa.



El Consejo de Administración ha delegado en el presidente de la APB la facultad de solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario, así como de solicitar la autorización de entrada en la zona del muelle de Levante  ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.



En estos nueve años, el Club Marítimo de Mahón ha tenido que sobrevivir sin los ingresos que le proporcionaba la gestión de los amarres, que perdió en favor de Trapsa Yates en un polémico concurso público convocado en 2005. Las irregularidades detectadas en la tramitación de este expediente dieron pie a la mayor investigación judicial jamás realizada sobre la corrupción en los puertos de Baleares, el llamado caso Mar Blau, que de momento ha supuesto la imputación del ex presidente y el ex director de la APB, Frances Triay y Ángel Matías, respectivamente, así como del propio Díaz Ferrán y varios funcionarios y empresarios vinculados al sector náutico.