PUERTOS

CONCESIONES

Este es el alquiler que pagan los puertos deportivos autonómicos

La actualización de los cánones es un mérito compartido por todos los ejecutivos desde 2006, no un logro del ejecutivo actual.
MALLORCA PRESS

Por increíble que parezca, hay gente que todavía piensa que los clubes náuticos y marinas son propietarios de los terrenos que ocupan. El escaso interés por los asuntos portuarios y la falta de pedagogía han contribuido a extender esta falsa creencia. La realidad es que ningún puerto de España (y por tanto de Baleares) es privado. Todos son de titularidad pública, aunque su gestión puede ser directa, por parte de la administración competente (Ports IB o Autoridad Portuaria de Baleares), o indirecta, mediante la adjudicación de concesiones a empresas privadas (marinas) o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro (clubes náuticos). 

Estas concesiones suponen unos ingresos importantes para las administraciones públicas. En el caso de Ports IB, el organismo que dirige los puertos cuya gestión fue cedida en su día a la comunidad autónoma de Baleares, éstos ascienden a 9,8 millones de euros anuales. Estos cánones, que equivalen al alquiler que paga el concesionario por poder explotar un espacio público, dependen de las características de cada puerto, desde su extensión hasta el número de amarres o sus esloras. 

El Govern balear lleva algunas semanas arrogándose el mérito de que los cánones se hayan incrementado sustancialmente y recurriendo a algunas comparaciones que pueden soliviantar a la opinión pública, pero que dan una visión muy parcial del asunto. Es cierto que algunos puertos, como Puerto Portals o Santa Ponça, pagaban hasta hace poco unos cánones ridículos, pero, como admitió el gerente de Ports IB en una reciente comparecencia pública, también lo es que la primera concesión les fue otorgarda sobre un solar vacío en el que con los años se han realizado todas las inversiones, no sobre una instalación completamente operativa. O sea, que un ente privado ha construido un puerto que, al final de cada plazo concesional, es susceptible de ser recuperado por la administración titular del terreno. 

Con los cánones portuarios ha ocurrido algo parecido a las rentas antiguas. La Ley de Puertos de Baleares de 2005 abrió hace doce años la posibilidad de que los concesionarios renovaran sus concesiones. A cambio, éstos debían aceptar adaptarse a dicha normativa en dos aspectos fundamentales: la consideración general (contemplada en la Ley de Costas de 1988) de que todas las concesiones sobre dominio público previas a esta norma quedaban extinguidas sin excepción en el año 2018 y la obligación de actualizar los antiguos cánones de explotación.

El empeño del Ejecutivo autonómico actual por hacer creer que los ingresos han pasado de 124.000 euros a casi 10 millones gracias a su gestión choca de pleno con los hechos. La verdad es que el proceso de adaptación, tal y como se aprecia en el cuadro adjunto, no se ha hecho en dos días. Comenzó en 2006, con la renovación del Club de Vela de Andratx (ahora en entredicho por una sentencia del Tribunal Supremo), que pasó de pagar un ‘alquiler’ anual de 11.807 euros a otro de casi 1,3 millones. La mitad de actualizaciones de cánones (hasta 12) se realizaron entre 2006 y 2007, bajo el gobierno del Partido Popular. Tras un parón de tres años, el siguente paquete de adaptaciones tuvo lugar con el II Pacte de Progrés, que cedió las competencias portuarias y de medio ambiente a Unión Mallorquina. En sólo un año hubo nueve adaptaciones que dejaron prácticamente cerrado la aplicación de la Ley de 2005. Quedaron pendientes los concesionarios más reacios a aceptar que sus concesiones terminaban en 2018, ya que entendían que este apartado de la norma autonómica era contrario a derecho. Durante el gobierno de José Ramón Bauzá (PP) se negociaron las condiciones de los cánones de Portals y Santa Ponça. Según Antonio Deudero, entonces director general de Puertos, el grueso de la tramitación del expediente se realizó en este periodo, aunque el cierre definitivo del acuerdo ha tenido lugar en la presente legislatura, con el socialista Xavi Ramis al frente de Ports IB.

El Govern ha previsto poner punto final al capítulo de las adaptaciones este mes de octubre con la firma de las renovaciones del Real Club Nàutic Port de Pollença y el Club Nàutic de Can Picafort, que a fecha de hoy siguen con la «renta antigua». En ambos casos, tanto el Govern con los propios clubes aseguran que sólo falta estampar la rúbrica en el documento para que ambos puertos, como ha ocurrido con el resto, dispongan de otros 30 años de gestión de las instalaciones públicas que ocupan.