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Ports IB pide al TSJB que aclare cómo ejecutar la sentencia de Andratx

Planteará un incidente de ejecución ante el tribunal para dar las máximas garantías de seguridad jurídica a su decisión.
MALLORCA PRESS

El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears ha acordado hoy pedir a la Abogacía de la Comunitat Autónoma que plantee ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un incidente de ejecución de la Sentencia 671/2017 del Tribunal Supremo sobre la concesión de las instalaciones portuarias de gestión indirecta del Puerto de Andratx.



Según señala el Govern en un comunicado, el Consejo de Administración ha decidido recurrir a esta posibilidad para dar las máximas garantías de seguridad jurídica a la decisión que finalmente se adopte en la aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la concesión del Puerto de Andratx.



Al hacerlo, el ente que gestiona los puertos autonómicos se ampara en la posibilidad que plantea la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa de promover incidentes de ejecución de sentencia sobre cuestiones que surjan en el proceso de cumplimiento,



La Sentencia del Tribunal Supremo dejó sin efecto todos los actos administrativos que desembocaron en el otorgamiento de la concesión al Club de Vela Puerto de Andratx. De esta forma, el tribunal anuló desde la resolución de la licitación de la concesión convocada en 2002 hasta la nueva adjudicación de la concesión al Club de Vela Puerto de Andratx en 2006. Dicha sentencia, además, obliga Ports IB a reconocer el derecho de la empresa Iniciativas Portuarias Mirall de Mar de Mallorca, SL (IP3M) a ser adjudicataria de la licitación no resuelta, en los términos establecidos en el concurso convocado.



Por ahora, Ports IB explica que se ha dado cumplimiento ya a la primera parte de la sentencia porque el pasado 8 de junio se declaró la extinción de la concesión administrativa otorgada al Club de Vela del Puerto de Andratx aunque se acordó que, transitoriamente, el club mantenga la concesión en precario hasta la resolución definitiva.



El acuerdo que ha tomado el Consejo de Administración de Ports IB se ampara en informes de la Abogacía de la Comunitat Autónoma y en los informes técnicos, económicos y jurídicos de los propios departamentos del ente portuario.



En los diferentes informes se explican las modificaciones que se consideran necesarias para poder dar cumplimiento a la sentencia, y se constata el hecho que, pasados 15 años, la situación real de la infraestructura —tanto física como económica; sus instalaciones y servicios— es muy diferente de la del momento del concurso y la concesión que el Tribunal Supremo ha considerado contraria a derecho.



Ports IB considera imprescindible llevar a cabo modificaciones del pliegue de la licitación de 2002 así como del proyecto y la oferta presentada por IP3M para que se pueda materializar la adjudicación atendiendo la realidad actual.



La principal duda que se planteará al TSJIB es saber si las modulaciones que se tendrían que introducir tanto en la adjudicación como en el título de concesión pueden ser decididas unilateralmente por Ports IB porque hay el riesgo que, si lo hace, se separe del tenor literal de la sentencia, que dice expresamente que se tiene que reconocer el derecho de IP3M «en los términos del concurso». En este sentido, hay dudas sobre si el hecho de llevar a cabo determinados cambios podría suponer una ejecución incorrecta de la sentencia por alteración de la licitación originaria.



También se planteará al TSJIB —con carácter subsidiario— que determine si, en el supuesto de que entienda que no es factible la adaptación, sería procedente la inejecutabilidad parcial de la sentencia y el establecimiento de una indemnización a la empresa que tendría que haber resultado adjudicataria inicialmente.



Ports de les Illes Balears asegura en un su comunicado que tiene preparado una hoja de ruta tanto para una alternativa como para la otra y afirma que “seguirá escrupulosamente el camino que marque el TSJIB para reforzar con toda la seguridad jurídica el cumplimiento de la sentencia”.