PUERTOS

ANÁLISIS

Port d’Andratx: la difícil papeleta del Govern balear

El Club de Vela pide al Govern que le mantenga su concesión mientras la empresa de Juan Antonio Riutort guarda silencio. Los juristas de Ports IB estudian la manera legal y más económica de salir del atolladero provocado por la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la adjudicación del puerto deportivo en 2006
JOSÉ LUIS MIRÓ

El Grupo IP3M, del empresario Juan Antonio Riutort, no ha hecho público si reclamará la concesión del Club de Vela de Andratx tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de esta sociedad sobre las instalaciones del principal puerto deportivo situado en la costa oeste de la isla de Mallorca o si buscará otras compensaciones. El conglomerado de empresas de Riutort, que gestiona el varadero STP y una marina situada en pleno Paseo Marítimo de Palma, no se ha pronunciado públicamente sobre la resolución judicial ni sobre el comunicado de prensa donde el Club de Vela solicita al Govern que, a pesar de la resolución judicial, le permita seguir gestionando el puerto deportivo en atención a su labor social y deportiva, y a las inversiones realizadas a lo largo de la última década. Gaceta Náutica no ha obtenido respuesta de IP3M a una solicitud de información dirigida por WhatsApp a uno de los directivos de la empresa.  



Según el Club de Vela de Andratx, uno de los más activos de España en la organización de regatas y promoción del deporte de base y adaptado, la sentencia no se puede ejecutar debido al periodo transcurrido desde el concurso público (2006) y al hecho de que el puerto ha sufrido una gran transformación. En el caso de que Riutort optase por reclamar su derecho a la concesión, se encontraría con un puerto nuevo cuya reforma, tanto en el edificio social como en el espejo de agua, ha sido sufragada por los socios del Club de Vela, que en ese supuesto tendrían que ser compensados con una cifra astronómica por la administración pública, responsable de la negligencia en el proceso de adjudicación de acuerdo con la sentencia del Supremo.



En esta suerte de juego a tres bandas, donde hasta el momento sólo el Club de Vela ha enseñado parte de sus cartas con el comunicado de la pasada semana, la administración, representada por la empresa pública Ports de les Illes Balears (Ports IB), es la que corre el riesgo de salir peor parada. Haga lo que haga, le costará dinero. Sus servicios jurídicos trabajan en el informe en el que el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, basará su decisión. Sus opciones son indemnizar a IP3M y ver la forma de prorrogar la permanencia del Club de Vela u otorgar el puerto a la sociedad de Riutort y pagar a la entidad náutica. La cuestión que deben dirimir los juristas del Govern es cuál de las dos le sale más barata y confiar en que las partes acepten la solución propuesta. En caso contrario, el conflicto judicial está asegurado.



Recogida de firmas



El Club de Vela de Andratx ha iniciado una campaña de firmas en la que insta al Govern balear a que le mantenga la concesión del puerto. En sólo cuatro días se llevan recogidas 1.662 firmas (a las 12.30 horas del día 14) a través de la plataforma change.org. Los responsables del club, presidido por Ginés Martínez, confían en que la administración tenga en cuenta la labor social y deportiva de la entidad a la hora de resolver el conflicto.