OPINION

MEDIO AMBIENTE

No queremos ser un vertedero de buques del Mediterráneo

La APB no ha de competir por recoger la basura de los barcos cuando en Baleares no tenemos ni siquiera plantas de tratamiento
ELENA PIPÓ

A Baleares no le interesa competir por ser el vertedero de residuos de buques comerciales del Mediterráneo Occidental. No se entiende que en los últimos diez años la recogida de aceites contaminantes se haya multiplicado por cuatro. Alguien debería explicar las causas de ese incremento desmesurado y, de paso, cómo es posible que las dos únicas empresas que prestan este  servicio  cautivo lleven años sin ir a concurso y prorrogando sus contratos con la Autoridad Portuaria de manera automática. O cómo se come que los residuos, por cuya recogida se están pagando tres millones de euros al año (ejercicio 2016), jamás hayan sido pesados. La transparecencia no consiste sólo en colgar una memoria en una página web. Cuando se produce una anomalía, hay que comunicarla y tratar de ponerle remedio, no intentar que pase desapercibida.



Que nadie se confunda. No estamos pidiendo que los buques que recalan en los puertos del archipiélago no puedan desembarcar sus desperdicios, de acuerdo con las normas de obligado cumplimiento del Convenio Marpol, sino que las tarifas que establece la APB para realizar estas operaciones no tengan un «efecto llamada». Incluso que sean disuasorias. 



Dentro de la propia Autoridad Portuaria hay quien no comprende cómo recepcionamos más aceites usados que nunca cuando en Baleares ni siquiera tenemos plantas de tratamiento. Lo único que podemos hacer aquí, según revelamos en el amplio reportaje de nuestro Primer Plano de este mes, es separar el aceite de las aguas residuales. El primero se transporta a la península y las segundas, dependiendo del resultado de unos análisis, se vierten en la red de alcantarillado. Me pregunto si no sería más lógico que estos materiales se desembarcaran en Valencia, en Barcelona, en Málaga o en cualquier lugar próximo a las plantas que reciclan los residuos oleosos y los transforman en lubricantes industriales.



Nos consta que el problema fue detectado en la pasada legislatura –tras largos años de olvido y ocultismo– y que la Autoridad Portuaria inició entonces dos acciones para ponerle  remedio: una, redactar el pliego para un concurso público que abra la competencia en el sector; y otra, iniciar la instalación de balanzas para «ajustar» lo que se paga por el servicio de recogida, que actualmente se calcula «por volumen», lo que vendría a ser a ojo de buen cubero. El concurso no se ha podido convocar, todo sea dicho, porque Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) lleva dos años sin informar sobre el pliego. Una paralísis que no es de recibo una vez conocidas las condiciones en que se presta un servicio que, para más inri, es deficitario para el contribuyente. Ni las tarifas que pagan los buques ni los cánones que abonan las empresas concesionarias cubren el coste, lo que tal vez explique porque hemos pasado de recibir 2’8 millones de litros de aceites en 2006 a 11’2 millones en 2016, con un pico de 13’1 en 2015, o de 17.249 metros cúbicos de restos sólidos en 2012 a 22.620 en 2015.



La APB se gasta casi todo su presupuesto para acciones ambientales en cumplir el convenio Marpol. Si lo racionaliza y consigue desviar el servicio a otros puertos menos sensibles, seguro que encuentra mejores cosas en las que invertir ese dinero.