OPINION

 

Más control en las boyas de pago

Ahora que acaba la temporada alta y las aguas, nunca mejor dicho, vuelven a la calma, convendría ponerse a trabajar para resolver de una vez por todas la gestión de los fondeos controlados y establecer unas normas que compatibilicen la protección del medio ambiente, que es al fin y al cabo lo único que los justifica, con los derechos de los navegantes.
Elena Pipó

Hace dos meses revelamos, para sorpresa de muchos, que las boyas de pago de las zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario) permitían reservas ilimitadas. Es un contrasentido aceptar fondeos de larga duración cuando la finalidad última, se supone, es proteger los ecosistemas marinos.



Haría bien la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear en regresar al pliego original que estipulaba estancias máximas de tres días y evitar, de este modo, que los polígonos de fondeo se conviertan en puertos encubiertos. Y sería deseable que el modelo de gestión fuera el mismo para todo el litoral, con independencia de si la concesión la otorga el gobierno autonómico o la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.



El caso que les contamos en esta edición del barco «rescatado» en el campo de boyas de Formentor es un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas y del escaso control que la administración ejerce sobre sus concesiones de dominio público. Vaya por delante que me parece muy loable la labor que desarrollan Projecte Home y su filial Fundació Nous Vents, y que nada objeto a que sea una ONG sin ánimo de lucro la que gestione el fondeadero de Formentor a cambió de un canon simbólico.



Eso no obsta a que me parezca criticable que un barco de 25 metros pueda amarrarse a una de sus boyas todo el verano y aún más que se haya solicitado un «rescate» de 5.000 euros –que seguramente quedará en bastante menos– a un cliente que se quedó sin un motor y al que hubo que remolcar 70 metros hasta su boya. Por muy legal que sea acogerse a esta normativa marítima, hay cosas que no se pueden hacer. Y menos aún una entidad benéfica que, en virtud de esta condición, goza de unas condiciones privilegiadas para explotar un espacio público y es, a la vez, depositaria de la imagen que Mallorca ofrece a sus visitantes.



La impresión que el armador británico se ha llevado de nuestra isla después del incidente, y de pagar casi 2.000 euros por amarrarse a un muerto, no puede ser nunca buena. Esperemos que no la propague entre sus amigos o en foros de navegantes.



En definitiva, Costas y la Conselleria de Medio Ambiente han de aprender de los errores cometidos en este tipo de adjudicaciones y exigir a las empresas concesionarias que cumplan unos mínimos requisitos.



El primero, ya comentado, es no funcionar como marinas encubiertas. Otro podría ser establecer la obligatoriedad de «asistencia al fondeo» en caso de necesidad, para que no se repitan casos como el de Formentor.



También debería exigir la prestación de un servicio de recogida de basuras siempre que la estancia del barco en el fondeo sea superior a 24 horas. Y, por supuesto, controlar el cumplimiento de los pliegos. No puede ser que la función del concesionario se limite a vigilar que la gente se amarre a la boya y cobrarle ni sirve de nada que se le exija dar un buen servicio si luego se le deja hacer lo que le dé la gana.