HISTORIA, PATRIMONIO, LITERATURA

ANÁLISIS

Coto definitivo a los piratas del patrimonio sumergido

La nueva Ley de Navegación Marítima hubiera impedido el saqueo de Odyssey
PIPE SARMIENTO

Poco a poco, nuestra mar, históricamente abandonada por la clase política, va entrando en la vida de todos y la nueva Ley de Navegación Marítima es un ejemplo, pues por primera vez se regula más allá del transporte y la marina mercante; se confirma que la mar nacional es un bien común de los españoles donde se realizan muchas actividades, tanto lúdicas y culturales como comerciales y, por lo tanto, era obligado darle un marco jurídico adecuado.



Aprobada en 2014, y tras 129 años sin actualizar la Legislación Marítima Mercantil, con lo que se demuestra una vez más el interés de nuestros legisladores por la mar, no fue  hasta hace unas semanas cuando se publicó su Reglamento, para regular todos los temas administrativos de la mar: policía marítima, náutica de recreo, seguros,  abordajes, extracciones marítimas, salvamentos y sus procedimientos.



Aunque, sin ninguna duda, es muy especial para quienes venimos trabajando en la protección de nuestro patrimonio submarino en una lucha desigual contra los piratas y sus socios administrativos de la clase política. Si esta ley hubiera estado en vigor, no se hubiera producido el vergonzoso caso Odyssey, pues fueron nuestros funcionarios los causantes del latrocinio practicado por tipos que desprecian los métodos arqueológicos y la memoria de quienes perdieron la vida en estas «tumbas de agua» en las que se convierten nuestros barcos de Estado tras su naufragio.



La nueva ley, que deroga la vetusta de Extracciones y Hallazgos de 1962, distingue entre operaciones de exploración y de extracción, estableciendo que cualquier rastreo para la localización de buques naufragados en aguas interiores o en el mar territorial necesitará autorización de nuestra Armada -arts 376 y 377-. Y, en el caso de que se concediese un permiso arqueológico, establecerán las condiciones y plazos para realizarlas, inspeccionando en todo momento dichas actividades. Con ello, queda suprimida la potestad de las comunidades autónomas, causantes también del desaguisado de Odyssey, pues la Junta de Andalucía fue incapaz de detenerlos. También suprime la ambigua figura del hallazgo, que concedía un premio a los que encontraban algo en la mar de forma casual, sin que nadie pudiera controlar si había sido fruto de una búsqueda. 



Otro aspecto fundamental de la nueva Ley es el reconocimiento de nuestros derechos -más allá del mar territorial- que, como sabéis, alcanza hasta las primeras 12 millas. A partir de ahora se perseguirá cualquier actividad de rastreo o extracción en nuestra zona contigua -desde las 12 primeras millas hasta las 24-, e, incluso, en la zona económico exclusiva, que llega hasta las 200 millas; también hasta los límites de la Plataforma Continental. Algo fantástico, pues los piratas de Odyssey expoliaron durante años nuestra zona contigua del Mar de Alborán sin que nuestras autoridades lo impidieran, alegando falta de jurisdicción; algo absurdo, cuando todos los países firmantes de la Convención del Derecho de la Mar, donde se fijaron dichas zonas, lo hacían. Recuerdo cuando un magistrado nos preguntó si la policía podía actuar fuera de las 12 millas del mar territorial: le dijimos que sí, que estaba claro tras nuestra adhesión a la Convención. Sin embargo, las presiones, corrupción y complejos de los políticos paralizaron los procedimientos instados en España contra Odyssey.



Pero donde, sin duda, la nueva ley es más contundente es en los artículos 382, 358 y 359, que dicen «los buques y embarcaciones de Estado españoles naufragados o hundidos, sus restos y sus equipos y carga, son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y gozan de inmunidad de jurisdicción, cualquiera que sea el momento en que se produjo su pérdida y el lugar en el que se encuentren». Con esta ley Odyssey no habría podido expoliar nada; tampoco el San Diego, el Concepción, el Maravillas, el Atocha y otros muchos barcos, esquilmados y destrozados sin protesta alguna por parte de nuestro Gobierno. Con este texto legal los cazatesoros ya no podrán volver a nuestras aguas amparados en unos políticos que antepusieron sus intereses a los de los españoles; ahora los cuidan la Armada: un verdadero antes y después.