SECTOR NÁUTICO

OPINIÓN

Autosuficiencia con cargo a la náutica

En esta publicación nunca hemos escondido nuestra querencia por los clubes náuticos, lo cual no quita que consideremos muy positiva la labor que desarrollan la inmensa mayoría de marinas.  Son dos modelos de gestión necesarios y complementarios.
ELENA PIPÓ

El crecimiento experimentado por el sector náutico en la última década demuestra que España cuenta con un sistema portuario recreativo de éxito basado en la convivencia de entidades deportivas sin ánimo de lucro y empresas muy eficientes y cada vez más comprometidas con el medio ambiente.



A estas alturas nadie duda de la necesidad de proteger los clubes náuticos para garantizar el derecho de acceso al mar de las economías medias y la promoción continuada y vocacional del deporte náutico, más allá de montar una escuela de vela de verano, que eso puede hacerlo cualquier puerto. Por eso sorprende que, al repasar la situación de las concesiones de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) –es decir, de los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera–, nos encontremos con que la mayoría de clubes no tienen garantizado su futuro a largo plazo, mientras hay marinas y varaderos que han visto ampliados sus plazos concesionales sin mayor problema, y sobre todo, sin que desde la APB se haya espoleado polémica alguna al respecto.  



Que la renovación de una institución como el  Real Club Náutico de Palma, considerado uno de los diez mejores del mundo, cuya inversión en deporte es equiparable a la de muchos equipos profesionales de otras disciplinas, donde siete de cada diez barcos tiene una eslora inferior a los 12 metros, haya sido objeto de un debate público que no suscitaron las de otras empresas ubicadas en el áreas de competencia de la APB demuestra hasta qué punto permanece activa una vieja guardia de dirigentes que ni comprenden ni tienen intención de comprender qué es y qué representa un club náutico para su municipio.



Esta falta de sensibilidad por el beneficio social de los espacios públicos, más allá de la mera rentabilidad económica, es fruto de un modelo de autosuficiencia de las autoridades portuarias que, quizás, debería empezar a cuestionarse, al menos en Baleares, donde la náutica recreativa sufraga, además de una megaestructura funcionarial, algunas actividades comerciales de dudoso interés público (como la creciente recepción de aceites y otros residuos) y estrategias costosísimas que están empezando a toparse con una fuerte oposición ciudadana (tal es el caso de la llegada masiva de cruceros turísticos). No deja de ser revelador que los empresarios beneficiarios de esta suerte de subvenciones encubiertas sean los que mayor inquina muestran hacia los clubes. 



La factura balear de la «autosuficiencia» la paga, como ya  publicamos en su día, el sector de la náutica deportiva mediante cánones y tasas. Es lógico, desde una perspectiva economicista simple, que la APB prefiera alquilar el puerto a una marina antes que a un club. Lo que tal vez no sea tan lógico es que los puertos de interés general, dada su función, gestionen las dársenas deportivas.



¿No tendría más sentido que los consignatarios paguen las obras de las infraestructuras para los cruceros en lugar de cobrárselas a los dueños de barcos recreativos? ¿Y no sería más lógico que el conjunto de la gestión de la náutica deportiva se transfiriera a la comunidad autonóma para que una misma ley sea la que rija en el Molinar y en Cala Gamba?