MEDIO AMBIENTE

IMPUGNACIÓN

El decreto de posidonia llega a los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admite a trámite el contencioso interpuesto por navegantes y clubes náuticos
JOSÉ LUIS MIRÓ

La validez del decreto de protección de las praderas de posidonia oceánica se decidirá en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado conjuntamente por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN) y la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) contra la norma aprobada el pasado 18 de julio.  El Govern disponía de un plazo de 20 días, a contar desde el 22 de octubre, para remitir al TSJB  los expedientes administrativos que dieron pie al polémico decreto de la Conselleria de Medi Ambient.



El abogado Rafael Palmer defiende las tesis de los navegantes de recreo en este proceso judicial. Según argumenta, el decreto de la Conselleria de Medi Ambient se ha aprobado vulnerando «el procedimiento legalmente establecido, los principios de reserva de ley, de jerarquía normativa, de motivación y de legalidad».

El sector náutico sostiene que el decreto es, en realidad, una norma que busca criminalizar el fondeo con ancla y que no contempla medidas efectivas de protección para la posidonia oceánica frente a otras amenazas como son los vertidos al mar de aguas residuales –denunciados por Gaceta Náutica desde 2016 con una serie de reportajes que acreditan los efectos nocivos de la acumulación de materia orgánica en las desembocaduras de los emisarios, al menos 21 de los cuales reposan sobre praderas de esta planta marina–, las especies invasoras o las desaladoras.



Palmer apunta que el Govern, presionado por los colectivos ‘antináutica’ afines al partido del conseller Vidal, decidió publicar el decreto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) sin tener en cuenta toda una serie de recomendaciones del Consell Consultiu y del Consell Econòmic i Social.



El primero de estos órganos  emplazó a las autoridades a no dar luz verde a la norma hasta que existiera una cartografía en condiciones sobre la situación exacta de las praderas de posidonia de Baleares y a respetar un periodo posterior de adaptación a la nueva regulación del fondeo. El CES, por su parte, recalcó la necesidad de que el decreto contemplara con mayor claridad la amenaza de los vertidos. 



Palmer, gerente y asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos, afirma que «los navegantes son los primeros interesados en proteger el medio marino y por eso no entienden que el decreto ignore la mayor amenaza que existe para la posidonia, que no son los fondeos de la flota recreativa, sino los vertidos públicos, aunque algunos no lo quieran ver».



El servicio de vigilancia de la posidonia balear comprobó el fondeo de 45.218 embarcaciones en todo el archipiélago desde el mes de mayo hasta septiembre.  5.249 estaban fondeadas de manera «incorrecta», si bien las inspecciones se tradujeron en tan sólo 42 actas de propuesta de sanción.



Estas cifras, hechas públicas por la propia Conselleria de Medi Ambient, contrastan, según el representante legal de los clubes y los navegantes, con el «apocalipsis medioambiental que algunos atribuyen a los fondeos sin ninguna base real».