MEDIO AMBIENTE

 

El Govern permite vertidos de fecales en 21 zonas donde prohíbe el fondeo

Una publicación en la que colaboró en 2015 el ejecutivo advierte del efecto devastador de los emisarios sobre la posidonia
JOSÉ LUIS MIRÓ

El Govern de les Illes Balears permite el vertido de aguas residuales, nocivos para la posidonia oceánica, en al menos 21 puntos del archipiélago donde prohíbe expresamente el fondeo con ancla. El doble rasero de la Conselleria de Medio Ambiente se hace patente al establecer las pautas de protección de esta planta: exige a los navegantes que no utilicen el ancla, so pena de graves sanciones, al mismo tiempo que mantiene activas como mínimo dos decenas de conducciones marinas de aguas sucias cuya desembocadura reposa, literalmente, sobre praderas de posidonia.

Gaceta Náutica ha realizado la comprobación de este hecho a través de una herramienta informática que el propio departamento de Medio Ambiente ha puesto a disposición de los navegantes en la página web de Sitibsa, la cual permite comprobar las características  de los fondos marinos (posidonia o arena) en las escasas zonas donde la planta protegida está cartografiada. Dichos mapas muestran también la situación de los 96 emisarios de aguas residuales existentes en Baleares. Nada menos que 21 de ellos vierten directamente sobre posidonia. Este dato, sin duda alarmante, no refleja en su totalidad la realidad de los daños causados por los vertidos procedentes de las depuradoras públicas. El Govern admite no tener datos sobre la composición del fondo en 57 desembocaduras de emisarios. En muchos de estos puntos es por todo el mundo sabido que hay (o ha habido) posidonia. En otros 17 casos la tubería termina sobre fondo de arena y en el restante (Bahía de Formentor) el fondeo está regulado. 

El Govern decidió el mes pasado aplicar el decreto de protección de la posidonia oceánica centrado en el fondeo con ancla ignorando las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Consultivo de Baleares. Medio Ambiente logró que el Consell de Govern aplicara la normativa sin reparar en la problemática de los emisarios submarinos (de la que es plenamente consciente y responsable) y sin tener en cuenta la precariedad de la cartografía disponible, que no ofrece datos, por ejemplo, de la presencia de posidonia  en toda la franja comprendida entre Sant Elm y Son Verí o en el conjunto de Ibiza. 

El Consejo Consultivo consideró esencial demorar el decreto hasta la existencia de esta cartografía, a fin de ofrecer garantías a los navegantes, así como un periodo de adaptación a la norma, pero Medi Ambient cedió a la presión mediática promovida por las plataformas ecologistas GOB, Greenpeace y Terraferida, que se han significado contra el fondeo pero apenas se han hecho eco en sus reiteradas denuncias de los daños que los vertidos de fecales provocan en la posidonia oceánica.

La posición sobre los emisarios de las actuales autoridades baleares y los grupos ecologistas que les son políticamente afines es uno de los grandes interrogantes que deja en el aire el debate sobre la protección de la posidonia y que ha llevado a los navegantes a la conclusión de que ésta no es más que el pretexto para criminalizarlos ante la opinión pública y promover la creación de «puertos encubiertos» mediante la instalación de boyas ecológicas y de empresas subcontratadas por la administración para la gestión de estos espacios y el «asesoramiento» al fondeo. 

¿Por qué no denuncian estas asociaciones los vertidos con el mismo encono que los fondeos, cuando son cada vez más frecuentes los cierres de playas por fugas accidentales y está científicamente demostrado que las aguas residuales arrasan las praderas de posidonia?

Esta postura, aparentemente incomprensible de los ecologistas, es si cabe más llamativa en el caso del Govern, que ha participado en publicaciones científicas donde se advierte del peligro medioambiental de los vertidos al mar y, más concretamente, del efecto devastador del exceso de nutrientes no naturales provocados por las depuradoras públicas, así como de los «compuestos químicos» que contienen las aguas residuales.

El Atlas de las praderas marinas de España de 2015, en cuya publicación colaboraron la Dirección General de Medio Rural y Marino del Govern balear y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), es un ejemplo de la constancia oficial de la problemática derivada del deficiente saneamiento del agua. El documento se refiere en numerosas ocasiones a este tema y advierte, entre otras cosas, de que «las praderas marinas han experimentado un deterioro de su estructura o una regresión de sus límites, incluso en aquellos casos en los que los vertidos se producen fuera del área de distribución del hábitat». Es decir, que la actividad de los emisarios es negativa para la posidonia hasta cuando las aguas sucias son arrojadas al mar lejos de  las praderas. ¿Cómo no lo será, entonces, cuando 21 emisarios discurren y desembocan sobre la propia planta?

La situación se agrava, según señala el Atlas de las praderas marinas de España, en algunas zonas concretas donde «sigue habiendo vertidos de aguas residuales sin depurar o descargas de los sistemas unitarios en momentos de fuertes lluvias por aliviaderos, averías puntuales o urbanizaciones no conectadas a los colectores municipales». Los últimos sucesos de esta índole se produjeron el mes pasado y obligaron al  al cierre de las playas de Ciudad Jardín y Can Pere Antoni. 

La publicación dedica un capítulo entero a los vertidos en Baleares. Recuerda que las primeras actuaciones en materia de saneamiento datan de principios de los años 70 del siglo pasado, cuando se desarrollaron los primeros planes parciales, y revela que, a pesar de que las aguas residuales llegan al mar procedentes de depuradoras,  «su carga de nutrientes y materia orgánica es todavía alta». De hecho, añade, «el mayor problema que representa este impacto en Baleares es que, en su mayoría, los difusores de evacuación están situados a poca profundidad (a menos de 20 metros) y algunos de ellos cercanos a praderas de posidonia oceánica» (encima, literalmente, según los mapas del Sitibsa)

Los autores del Atlas toman como referencia cuatro estudios realizados en los años 2003, 2007 y 2008 para concluir que «no es arriesgado decir que la eutrofización (acumulación de residuos orgánicos en el litoral) es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las praderas de posidonia oceánica hoy en día». E insisten: «El hecho de que en Baleares la emisión de las aguas residuales se realice a poca profundidad constituye uno de los principales impactos con los que se enfrentan» estos hábitats.

También contiene el Atlas alusiones a la «destrucción mecánica» de las praderas producidas por las anclas y muertos de fondeo. «El impacto de un ancla puede parecer insignificante, pero, al menos en el caso de especies de crecimiento lento como la posidonia, los efectos causados por la densidad de embarcaciones en la misma zona se van acumulando en el tiempo», explica el documento, que recomienda medidas de regulación del fondeo y, en otro apartado, alerta de la capacidad destructiva de las plantas desaladoras, capaces de matar especies muchos más resistentes como la Cymodocea nodosa. 

Las plantas potabilizadoras de agua de mar de Palma, en funcionamiento desde mediados de los años 90 y cuya gestión corresponde al Govern balear, arrojan grandes cantidades de salmuera al Torrent Gros, que a su vez desemboca en la playa de Ciudad Jardín, según ya denunció en su día este periódico. Este impacto se suma en la zona al vertido masivo de aguas residuales procedentes de la depuradora central de la capital balear y podría haber contribuido a la práctica desaparición de una de las praderas más grandes del Mediterráneo, la que se extendía a lo largo de toda la primera línea de mar comprendida entre el puerto de Palma y el barrio de Cala Gamba, donde, como su nombre indica, hubo un tiempo no tan lejano en que las aguas eran transparentes y había abundancia de estos crustáceos hoy totalmente extinguidos.