MEDIO AMBIENTE

TRIBUNALES

La empresa de un acusado de corrupción vigilará la posidonia

Marina Formentera, cuyo consejero delegado se enfrenta a 9 años de cárcel en el caso Mar Blau, forma parte de la sociedad elegida por el Ibanat para asesorar e informar a los patrones que recalan en los fondeaderos de Ibiza y Formentera.
JOSÉ LUIS MIRÓ

En Instituto Balear de la Naturaleza (Conselleria de Medi Ambient) ha adjudicado un jugoso contrato público de dos temporadas prorrogables, a razón de 265.000 euros anuales, a la empresa Pitiusa de Ecología, S.L, para que realice las labores de control de los fondeos de embarcaciones deportivas en Ibiza y Formentera. Dicha sociedad esta participada por Marina de Formentera, cuyo consejero delegado está formalmente acusado de los delitos de uso de secretos, fraude a la administración, cohecho, malversación y prevaricación administrativa. La fiscalía reclama para él una pena de 9 años y solicita la anulación de la concesión que su empresa disfruta en el puerto de La Sabina, en Formentera.



El empresario en cuestión es Ángel Bustos, gestor de Marina Formentera, un puerto cuya concesión, siempre según la tesis del fiscal y del juez que han investigado la trama, habría obtenido tras sobornar a un funcionario de la Autoridad Portuaria. Sus problemas con la justicia no han supuesto impedimento alguno para que pueda beneficiarse de un servicio sufragado con fondos públicos, que prestará junto con otras tres potentes empresas del sector portuario -Ocibar (Puerto Adriano e Ibiza Magna), Marina Ibiza y Puerto Deportivo Santa Eulalia- bajo la denominación de Pitiusa de Ecología.   



No es la primera vez que Bustos y sus socios consiguen hacerse con la vigilancia de las praderas de posidonia, labor que desarrollaron durante cuatro temporadas consecutivas hasta 2016. El caso Mar Blau se empezó a instruir en 2010 y desde 2012 es notoria la implicación del consejero de Marina Formentera, así como su participación activa en Pitiusa de Ecología.



La empresa seleccionada por el Ibanat destinará ocho lanchas (tres en Ibiza y cinco en Formentera) a controlar que los fondeos de las embarcaciones recreativas no afecten a los ecosistemas marinos.



Contratos a condenados



Tampoco es la primera vez que el Govern adjudica contratos públicos a empresarios encausados e incluso condenados por corrupción. Ha ocurrido los últimos años con la oficina de comunicación del Salón Náutico de Palma y anteriormente con los sistemas de reserva de boyas de las llamadas zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario). En ambos casos, los empresarios resultaron condenados por delitos de cohecho pasivo y fraude a la administración. Dichos contratos públicos se rubricaron bajo gobiernos del PP y el Pacte de Progrés, lo mismo que ha ocurrido en el caso de Pitiusa de Ecología. Esta situación, que contrasta con los códigos éticos de los partidos políticos que exigen apartar de la representación pública a los imputados, se da con cierta regularidad al no existir impedimento legal para que a un sospechoso de corrupción, ni siquiera aquel que resulte sentenciado, pueda realizar trabajos para la administración, salvo cuando el tribunal juzgador establezca en última instancia la pena concreta de inhabilitación.  



La presunta participación de Marina Formentera en una de las ramas del caso Mar Blau aparece claramente relatada en el auto de fin de instrucción. Según el juez  Antoni Rotger, titular del Juzgado de Instrucción número 8, «procede establecer como acreditado indiciariamente» que esta sociedad «regaló» al funcionario Justo Aguado «un apartamento, un garaje y un trastero en un edificio situado en la primera línea de costa». 



El instructor explica que aparentemente se estipuló una compraventa, si bien la entidad vendedora, Mar de Pujols (participada por Ángel Bustos), nunca la declaró a efectos fiscales. La tesis del juez es que en realidad se trató de una donación, ya que el precio «ficticiamente abonado» por el funcionario le fue luego «retornado» a través de una empresa denominada Costa de Bunyola en concepto de devolución de un préstamo que nunca existió. La dádiva (el regalo del piso) –continúa el juez– se habría realizado a cambio de información privilegiada sobre el concurso de Marina Formentera. El caso Mar Blau, en el que se investiga la “corrupción sistémica” en la Autoridad Portuaria de Baleares desde finales de la década de los 90,  se encuentra a la espera de juicio. El fiscal ha sentado en el banquillo al ex líder del PSOE en Baleares, Francesc Triay, quien fuera presidente de la APB, y al ex director de este organismo Angel Matías, personaje sobre el que pivotan las distintas investigaciones vinculadas a la trama.



Silvia Tur: “Acusado no es condenado”



La diputada balear por Formentera, Silvia Tur, ha declarado que si el Ibanat ha adjudicado el servicio a Pitiusa de Ecología, “es porque se dan todas las condiciones legales para hacerlo”. “Otra cuestión –ha añadido– es si a título individual hay algún involucrado en un proceso judicial. Nuestro deber, y especialmente el del Govern, es exigir un buen servicio de acuerdo con los pliegos técnicos”.



Según Tur, “no es lo mismo acusado que condenado” y, por tanto, “no se puede restringir el derecho de ninguna empresa o grupos empresas si cumplen los requisitos legales”.



A juicio de la parlamentaria que da soporte al Pacte, se ha de “diferenciar cada cuestión”, si bien admite que puede entender que existan “objeciones” a la contratación pública de acusados de fraude a la administración.