MEDIO AMBIENTE

DEBATE

El Pacte rechaza regular los vertidos

​​​​​​​Los partidos que dan soporte al Govern balear rehúsan en el Parlament regular las aguas residuales que llegan al mar a través de los emisarios e invertir la mayoría de los fondos del impuesto turístico en mejorar las depuradoras
MALLORCA PRESS

El Partido Popular (PP) ha presentado hoy una moción con ocho puntos en la Parlament balear solicitando un mayor consenso con el sector náutico antes de aprobar el decreto de protección de la posidonia y que éste no salga adelante sin contar con un informe técnico de zonificación.



La iniciativa, presentada por la diputada Margaret Mercadal, instaba a que la nueva norma trate por igual todas las amenazas a la posidonia, independientemente del origen privado o público. También reclamaba que se garantice el fondeo libre y gratuito sobre arena, y que los ingresos del impuesto turístico se dediquen mayoritariamente a la mejora de depuradoras, desaladoras y emisarios. El Grupo Popular pedía además a la administración un esfuerzo informativo para que los usuarios de embarcaciones y la población en general conozcan, a través de puertos y clubes náuticos, las condiciones de protección y fondeo.



Ninguna de las ocho iniciativas presentadas por los conservadores ha salido adelante al contar con el voto en contra de todos los partidos que dan apoyo al Govern (Més, PSIB y Podemos).





Texto de la propuesta rechazada por el Parlament.



El gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Rafael Palmer, presente en el pleno del Parlament, sostiene que “este decreto no protege la posidonia” y ha diferenciado el trato que recibe el sector náutico en función del partido que dirige las diferentes consejerías con competencias en las cuestiones relacionadas con el mar. “Por un lado está Ports IB [PSOE], que es un organismo con el que se puede dialogar y que siempre está abierto a la negociación, y por otro la Conselleria de Medi Ambient [Més], que se caracteriza por sus posiciones intransigentes e ideologizadas”.



No es cierto, según Palmer, que los vertidos de las depuradoras públicas estén bajo control, “como hoy ha intentado sostener la mayoría en el Parlament”. A juicio de la ACNB, “el decreto elude la amenaza medioambiental de los emisarios a pesar de las evidencias abrumadoras” y se revela como “un norma sesgada fruto de los prejuicios del partido Més hacia la actividad náutica”.  “Es sencillamente incompresible -añade- que el Govern enarbole la bandera del ecologismo y luego saque este decreto donde pasa de largo por uno de las grandes amenazas que afectan a los ecosistemas marinos”.



El presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo, Biel Dols, ha reaccionado con estupor al rechazo de los ocho puntos de la moción. "Estamos muy desconcertados porque no sabemos a quién tenemos que creer. El director general de Biodiversidad no has dicho en numerosas ocasiones que el fondeo sobre arena será libre y, sin embargo, su partido ha votado contra la propuesta de que el decreto garantice dicho derecho. No lo entiendo. Tampoco se ha aprobado la enmienda pidiendo que el  texto tenga en cuenta el dictamen del Consell Econòmic y Social (CES) relativo a la necesidad de adecuar el vertido de las aguas residuales a la normativa europea", ha declarado Dols, para quien el pleno del Parlament ha servido sólo para visualizar que "donde un partido dice blanco los otros tienen que decir negro, sin importar el fondo de la cuestión".    



Josep Ferrà, de Més Mallorca, ha justificado el voto en contra al asegurar que muchos puntos de los presentados ya están incorporados en el decreto y ha señalado que se trata de “una de las normas más participativas que se han hecho, pues se han tenido ocho reuniones con el sector náutico, además de asociaciones ecologistas, científicos y otras entidades”.



La moción del PP tan solo ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. La diputada Olga Ballester ha lamentado que el decreto no haga referencia a los vertidos ni las salmueras y no mencione a las algas invasoras. “No aborda los riesgos que competen a la administración, elude las responsabilidades del ejecutivo”, ha apuntado.