La caída del Club Náutico de Ibiza supone la constatación de que Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –es decir, del Gobierno central– no tiene la menor intención de proteger las entidades deportivas históricas presentes en las instalaciones de su competencia. La prueba más evidente de ello es que nada ha cambiado desde que el Club Marítimo de Mahón perdió su concesión, allá por 2010, hasta el pasado 18 de abril, fecha en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) decidió otorgar la concesión del Náutico de Ibiza a la mercantil Puertos y Litorales Sostenibles, cuyo «representante» (las comillas responden a la textualidad de la consideración que le otorga el propio organismo portuario) ha sido recientemente condenado a 11 meses de cárcel por tentativa de estafa procesal y falsedad documental. La Ley, según sostiene categórica la Abogacía del Estado, no impide que un convicto pueda gestionar un espacio público, corroborando algo que no por sabido resulta menos preocupante: en España ocurren cosas muy extrañas.

En ese tiempo, las dos formaciones que han gobernado la nación (PSOE y Partido Popular) han sido incapaces de encontrar la fórmula legal que permita la supervivencia de los clubes. Mejor dicho: ni siquiera la han buscado, aunque no han perdido nunca la oportunidad de decir que estaban trabajando en ello. Era mentira, claro.  En mitad de esa larga travesía llena de declaraciones vacuas e inacción política ha desaparecido también –que no se me olvide– el decano de la náutica balear, el Club Marítimo Molinar de Levante, fundado en 1917. Sus escasas dimensiones hicieron que su pérdida pasara casi desapercibida, pero no existe duda de que marcó un antes y un después, y de que desde entonces ningún club está a salvo. 

El Náutico de Palma tampoco ha podido renovar de momento su concesión, tras un turbio proceso en el que la misma Abogacía del Estado que antes defendía su continuidad —a cambio de endosarle la construcción de un aparcamiento subtrerráneo a los socios– decidió un buen día enmendarse a sí misma y pronunciar aquello de «donde dije digo, digo Diego» . Nadie ha explicado todavía las razones de este cambio de parecer, probablemente porque son inconfesables.

La adjudicación de una autorización temporal de tres años a Puertos y Litorales Sostenibles coloca ahora al Náutico de Ibiza en una situación muy delicada. Sin concesión que gestionar, el club carece de un espacio donde desarrollar la actividad de sus equipos deportivos y escuelas de vela, por no hablar de su financiación. Sigue existiendo como asociación deportiva, pero carece de capacidad operativa para desarrollar su función. Está bien que sus directivos se muestren decididos a mantener viva la llama del deporte y la actividad social, pero hay que ser realista: el club ha caído y en las actuales circunstancias no le resultará nada fácil remontar el vuelo. 

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares lleva enviados ya muchos mensajes de socorro sin recibir una respuesta efectiva. Ha quedado demostrado que las proposiciones no de ley, como la aprobada por el Parlament balear instando a Puertos del Estado a proteger los clubes, no sirven de nada, salvo para que parezca que se hace algo. El tiempo pasa y las entidades pioneras de la náutica española caen como fichas de dominó, un efecto que ni la condena penal de un licitante ha sido capaz de detener. La cosa pinta fatal.

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