El Club Náutico de Ibiza, fundado en 1925 y reconocido con la Medalla de Oro de Ibiza y el Premio Ramon Llull, máxima distinción que otorga el Govern de les Illes Baleares, ha perdido hoy su histórica concesión a manos de la empresa Puertos y Litorales Sostenibles, cuyo "representante", Alberto Pedraza, fue condenado hace menos de medio año a 11 meses de prisión por un delito de estafa procesal en grado de tentativa y otro de falsedad documental. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, asesorado por el representante de la Abogacía del Estado, ha considerado que esta circunstancia no era motivo de exclusión legal de la citada sociedad, que ha sido la mejor puntuada por la Comisión Técnica para la gestión de una autorización temporal de tres años de duración de las instalaciones que el Náutico de Ibiza viene ocupando desde hace 99 años.

La APB ha admitido en una nota de prensa emitida con posterioridad a la reunión del consejo que la condena de Pedraza y el hecho de otorgarle la gestión de un espacio público ha sido objeto de un "amplio debate". Sin embargo, según añade el comunicado oficial,  la Abogacía del Estado ha descartado la posibilidad de la exclusión, "por lo que el Consejo de Administración, ante la falta de alternativa, ha resuelto el concurso a la vista del informe de la Comisión Técnica". Un portavoz del Club Náutico de Ibiza ha reconocido sentirse "perplejo y consternado" ante la decisión de la Autoridad Portuaria y ha adelantado que la entidad esta preparando una respuesta que hará pública mañana.

Gaceta Náutica adelantó en exclusiva hace dos días el sentido del informe de la Abogacía del Estado que avalaba la adjudicación a Puertos y Litorales Sostenibles. Este dictamen, que ha determinado el criterio del Consejo, contradice una nota jurídica elaborada por el profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Ollé, quien sostiene que la estafa procesal y la falsedad documental pertenecen a la categoría de "fraude" y, por tanto, impide que cualquier persona sentenciada por estos delitos pueda contratar con la administración o concurrir a un concurso público.

De acuerdo con la información facilitada por la APB, la empresa Puertos y Liroales Sostenible, cuyo administrador oficial es Carlos Illa, "se ha comprometido, a invertir 1,9 millones de euros en la instalación de un dique flotante para la reducción de la agitación marina dentro de la dársena interior, así como otros 240.000 de inversión en mejora medioambiental, que incluye la instalación de placas fotovoltaicas, la aportación de un dron acuático para la limpieza de la lámina de agua y la instalación de sensores de vertido de hidrocarburos, entre otras medidas". 

La empresa ganadora ha manifestado, asimismo, que aportará 360.000 euros al año "en la realización de cursos de formación en actividades náutico-deportivas, organización de regatas, así como actividades y eventos de este carácter, como también de aquellos que, en colaboración con entidades del entorno, ayuden a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social". El Club Náutico de Ibiza lleva dos décadas realizando esta labor motu proprio, pero no se ha podido valorar porque las bases del concurso no exigían experiencia previa, ni siquiera la inclusión de la sociedad en el registro de asociaciones deportivas. Puertos y Litorales Sostenibles, que ya cuenta con una concesión portuaria en Formentera, no ha desarrollado hasta la fecha actividad deportiva alguna.

Ninguna de las dos  ofertas ha presentado mejora al mínimo de 334.000 euros de canón de ocupación más el 4% del volumen de negocio, exigido en los pliegos del concurso, ya que  este apartado representaba sólo el 5% de la puntuación.

Como ganadora del concurso, Puertos y Litorales Sostenibles "asume la obligación de salvaguardar los derechos de los amarristas actuales de la instalación, así como mantener a sus empleados actuales". Todo indica, no obstante, que esta subrrogación no se desarrollará de forma pacífica después de que Carlos Illa haya filtrado hoy a los medios de comunicación una carta dirigida a la actual dirección del Club Náutico de Ibiza con duras críticas a su gestión. Las relaciones entre ambas entidades están completamente rotas después de que el club revelara a la APB la condena de Pedraza y presentara la nota jurírica del profesor Ollé.

La APB ha informado de que ya está trabajando en la redacción de unos pliegos para un nuevo concurso que garanticen una concesión administrativa a un horizonte amplio de 20 a 30 años, dentro del marco legislativo, que favorezcan las inversiones, permitan su amortización y fomenten así la viabilidad económica de los proyectos: "Es objetivo de la APB licitar, evaluar y adjudicar dicha concesión antes de que se cumplan el plazo máximo de tres años de esta autorización".

El Club Náutico de Ibiza es el tercer club de la Autoridad Portuaria de Baleares que pierde su concesión tras el Marítimo de Mahón y el Marítimo Molinar de Levante. A lo largo de los últimos tres lustros no se ha producido ninguna modificación legislativa que garantice la supervivencia de estas entidades históricas y patrimoniales a pesar de que los políticos de todos los partidos han abogado por la necesidad de que así fuera.