SECTOR NÁUTICO

TRIBUNALES

Juicio a la corrupción portuaria en Baleares

El caso «Mar Blau» será juzgado este mes en la Audiencia de Palma, ocho años después de los registros en la sede de la APB
JOSÉ LUIS MIRÓ

Las partes (fiscales, acusaciones particulares y defensas) intentaron  llegar a un acuerdo de conformidad durante el mes de diciembre, pero no fue posible. Mar Blau, el caso de presunta corrupción más grave que jamás ha afectado al sector de la náutica recreativa en Baleares (y posiblemente en España), se dirimirá, salvo cambios de última hora, en un juicio oral que comenzará el 9 de enero en la Audiencia Provincial de Palma y que podría prolongarse por espacio de dos meses. Se sentarán en el banquillo Francesc Triay, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB); Angel Matías, ex director de este organismo, y Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la patronal CEOE, además de varios funcionarios y empresarios vinculados a la gestión portuaria. 



La Fiscalía, que imputa a los principales acusados delitos de alteración de concursos públicos, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y malversación, sostiene que los 12 imputados  en el sumario de Mar Blau «se concertaron para llevar a cabo diversas actuaciones que evitaban cumplir la legalidad sobre contrataciones públicas, al tiempo que suponían un favorecimiento a determinadas empresas y personas». Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2010. La Fiscalía admite que en la tramitación judicial del caso se han dado «dilaciones indebidas» y por ello pide que se contemple esta circunstancia como atenuante.



Juan Carrau, fiscal anticorrupción, imputa a Francesc Triay, dirigente histórico del PSOE balear, haber participado «activamente» como presidente de la APB en reuniones donde se decidieron los arreglos ilegales de los concursos de los puertos deportivos del Club Marítimo de Mahón e Ibiza Nueva y pide para él 10 años de cárcel, si bien atribuye el peso central de la trama al ingeniero Ángel Matías, antiguo director y hombre fuerte de la APB desde finales de los 90 hasta su destitución a raíz del proceso judicial. Le acusa, entre otras cosas, de recibir dádivas de la constructora Dragados, de haber amañado el concurso para la redacción del Plan Director del Puerto de Mahón y de facilitar información privilegiada a un empresario de Formentera sobre un concurso de amarres en el puerto de La Savina. Matías se enfrenta a condenas que suman 18 años y 8 meses de prisión. 



El caso Mar Blau tiene su origen en la adjudicación Club Marítimo de Mahón a la empresa Trapsa Yates, que por entonces regentaban Gonzalo Pascual (fallecido) y Gerardo Díaz Ferrán. Las irregularidades detectadas en este polémico concurso, en las que habría participado el popular Joan Verger (fallecido), predecesor de Triay al frente de la APB,  dieron pie a que la justicia investigara otras concesiones.  La Fiscalía Anticorrupción registró dos veces la sede de este organismo público, así como las viviendas de Ángel Matías y de quien es considerado su «mano derecha», el ingeniero Justo Aguado (también fallecido). En esta operación fueron incautados documentos que, según el Ministerio Público, demuestran que también se había alterado el concurso para la redacción del Plan Director del Puerto de Mahón.  Las pesquisas revelaron que asimismo se habían amañado, presuntamente, las adjudicaciones  de los puertos deportivos de Ibiza Nueva (que ganó la empresa Semar, participada por Trapsa Yates) y Marina Formentera.



El fiscal Joan Carrau se muestra especialmente duro en su imputación a los responsables de este último amaño. Acusa al empresario Ángel Bustos de haber gozado de trato de favor por parte de la APB, que le informó con anterioridad a la publicación del pliego de bases de que debía incrementar el capital de su sociedad para cumplir con los requisitos del concurso. Posteriormente, Matías y Aguado, siempre según la tesis del fiscal, habrían maniobrado para que la adjudicación fuera para la empresa de Bustos (Marina Formentera) y también con el fin de que los demás licitantes no pudieran solicitar la revisión del expediente. En este punto el fiscal cree que existió un soborno, en forma de un apartamento en Formentera, que Bustos vendió a Aguado «con un precio de favor». Destaca también en su escrito que ambos, el empresario y el funcionario fallecido, compartían «relaciones mercantiles» en una sociedad llamada Costa de Bunyola. 



La concesión de Marina Formentera fue revocada por el Tribunal Supremo, aunque Bustos la recuperó luego en un nuevo concurso sin más licitantes. La pérdida temporal de la adjudicación le permitió cobrar una indemnización de 4 millones de euros que el fiscal Carrau exige que sea devuelta. Bustos llegó a pedir 19 años en concepto de daños y perjuicios y algunos funcionarios de la APB dieron su visto bueno a resarcirle con hasta 11 millones.



‘CORRUPCIÓN SISTÉMICA’



El juez que investigó el caso Mar Blau, Antoni Rotger, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, redactó un durísimo auto de cierre de investigación en el que aseguraba que la corrupción en la APB era «sistémica» desde finales de la década de los 90 y donde lamentaba que los delitos aflorados por las pesquisas policiales y judiciales «son sin duda una ínfima parte de los realmente cometidos».  En el transcurso de la investigación,  la Policía Nacional realizó un informe para el juez y el fiscal en el que denunciaba que se había producido la «retirada» de documentos supuestamente comprometedores con anterioridad al registro de la sede del organismo portuario en diciembre de 2010.