SECTOR NÁUTICO

FONDEO

No habrá decreto de posidonia hasta que se apruebe la cartografía

El Consell Consultiu pide enmendar varios artículos del proyecto de Medi Ambient y tres de sus miembros hacen un voto particular advirtiendo de su ilegalidad
JOSÉ LUIS MIRÓ

El Consell Consultiu de Baleares ha emitido un dictamen en el que advierte de que el decreto de la posidonia no debería entrar en vigor hasta que exista y se apruebe oficialmente una cartografía precisa de la situación de esta farenógrama marina, a fin de garantizar la «seguridad jurídica». También pide mayor concreción sobre la cantidad de posidonia que es preciso arrancar con el ancla a la hora de multar a los navegantes, así como corregir la ambiegüedad del concepto «alteración significativa». Los juristas recuerdar que en materia sancionadora rige el principio de certeza y por ello exige que el Decreto sea «claro, concreto y preciso» en este punto, y que no remita a «conceptos jurídicos indeterminados».



Si el Govern balear sigue los consejos de este órgano, el Decreto de Posidonia no se podrá aplicar antes de que termine el verano. No sólo por la necesidad de cartografiar las praderas, sino porque se considera asimismo preceptivo establecer un periodo de lo que en jerga jurídica se conoce como «vacatio legis», es decir, de adaptación a la normativa mediante campañas informativas y de concienciación.



Otro defecto importante detectado por el Consell Consultiu se refiere a la creación de un Fondo de Posidonia para destinar el dinero recaudado a través de las multas a los navegantes. El dictamen señala que «sólo por ley puede establecerse la previsión de ingresos  públicos afectados presupestariamente». 



A pesar de los defectos señalados y de ciertas dudas sobre si el Govern tiene competencia más allá de las aguas interiores (el decreto carecería de validez, por ejemplo, en las zonas portuarias dependientes de Estado), el órgano de consulta da «luz verde» a la aprobación del decreto, «siempre que se tengan en cuenta las observaciones esenciales formuladas en el dictamen».



Sin embargo, tres de sus miembros –Felio Bauzá, Marta Vidal y José Argüelles– han emitido un voto particular contra el criterio de la mayoría por entender que cinco artículos del proyecto de decreto presentado por la Conselleria de Medi Ambient son directamente «ilegales» por no respetar los principios de reserva de ley y de taxatividad en materia sancionadora.



Los tres discrepantes sostienen que cabe determinar si el fondeo incontrolado ya es sancionable sin la necesidad de aprobar ningún decreto, una tesis que ha apuntado en numerosas ocaciones el abogado y ex presienta de la Asociación de Navegantes (ADN) Gabriel Morell. 



«Si lo era, el decreto no resulta necesario. Si sólo es sancionable una vez que éste entre en vigor, la conclusión no puede ser otra que el decreto contiene una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley y por tanto es ilegal», apunta el voto particular, que en su conclusión afirma, a modo de declaración, que: «La protección del medio ambiente (...) constituye hoy en día una exigencia por la que deben velar los poderes públicos. Ahora bien, para cumplir con esta finalidad, dichos poderes deben respetar el resto del ordenamiento jurídico y éste exige que una regulación como la que se pretende aprobar se lleve a cabo mediante una ley, lo que evitaría sin duda muchos problemas que la aplicación del decreto va a crear, generando una gran litigosidad».



Por último, la totalidad del Consell Consultiu ha mostrado su queja al Govern por haberle pedido un dictamen «urgente» cuando el proyecto de elaboración del decreto se ha tramitado por la vía ordinaria.